Frente al desafío que implica incrementar la producción minera, el sector analiza los mecanismos y áreas en que es factible incrementar la eficiencia, con miras a la puesta en marcha de nuevas operaciones.
En ese contexto, MINERÍA CHILENA conversó con Cristóbal Correa, director del Área de Minería, Energía y Permisos en Lavín Abogados & Consultores, respecto al rol que posee el marco normativo, como facilitador del portafolio de inversiones con que el sector cuenta en el corto y mediano plazo.
¿Qué factores normativos es necesario abordar para dar un nuevo impulso a la actividad minera?
Chile tiene una oportunidad minera extraordinaria. Hay recursos geológicos, experiencia institucional, infraestructura, proveedores especializados y una cartera de inversión muy relevante. El desafío ya no es demostrar que existe interés por invertir, sino transformar ese interés en proyectos ejecutados, producción, empleo y desarrollo territorial.
Para dar un nuevo impulso a la minería, el foco normativo debe estar en cinco frentes.
Primero, mejorar la eficiencia de los permisos sectoriales, evitando duplicidades, tiempos muertos y trámites de bajo riesgo que terminan paralizando inversiones relevantes, y ahí la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales ya está mostrando resultados positivos, es una señal muy clara transformar permisos de menor entidad en declaraciones juradas, como lo que ha ocurrido con el permiso de edificación.
Segundo, avanzar hacia una evaluación ambiental con más certeza, mejores plazos y coordinación entre servicios, sin bajar los estándares. En ese sentido, las modificaciones al SEIA que se están discutiendo en el marco del Proyecto de Ley de Reconstrucción van en el sentido correcto; además, hoy existe una convicción de que es necesario mejorar la gestión en la toma de decisiones en estas materias. Lo más evidente ha sido la forma como el Comité de Ministros ha estado funcionando desde marzo pasado.
Tercero, consolidar reglas claras en materia hídrica, especialmente para proyectos que incorporan agua de mar, desalación, recirculación y eficiencia, y ahí la nueva Ley de Desalación viene a incorporar herramientas útiles que mejoran la certeza jurídica en estas materias, y que seguro darán un impulso a nuevas inversiones, haciendo más atractivos estos proyectos para la obtención de financiamiento.
Cuarto, modernizar el sistema de propiedad minera, para que las concesiones se orienten efectivamente a exploración y desarrollo, y no sólo a acumulación pasiva de territorio, reconociendo el rol de la mediana y pequeña minería y los costos que estas iniciativas generan en quienes poseen concesiones mineras. La administración está escuchando los efectos prácticos de las reformas. No se trata de volver atrás, sino de ajustar el sistema para que incentive actividad minera real, sin generar incertidumbre excesiva ni castigar proyectos que, por su naturaleza, requieren etapas largas de exploración, permisos, financiamiento y desarrollo.
Y quinto, anticipar una regulación moderna sobre minerales críticos, litio, tierras raras e infraestructura habilitante. Actualmente, se cuenta con una política nacional al respecto, pero es clave que las nuevas alianzas público-privadas comiencen a dar frutos, demostrando que no nos quedaremos atrás en producción, pero tampoco en sumarle valor agregado a un producto estratégico como lo es el litio por ejemplo.
Soy optimista, porque Chile ya está intentando pasar de una década de diagnóstico a una etapa de ejecución regulatoria, hay consenso de que el país entiende que la permisología no es sólo un problema administrativo, sino una variable de competitividad estratégica.
Desde mi experiencia asesorando proyectos mineros, energéticos e industriales, la clave no es desregular, sino regular mejor: con trazabilidad, coordinación, certeza jurídica y capacidad de anticipar riesgos antes de que se transformen en contingencias críticas para el proyecto.
¿De qué forma el actual modelo de Patentes Mineras incide en el desarrollo del rubro minero nacional?
El nuevo modelo de patentes mineras está cambiando una lógica histórica del sistema concesional chileno. Durante mucho tiempo, la concesión minera podía funcionar, en ciertos casos, como una reserva pasiva de territorio. Hoy el sistema está empujando hacia una lógica distinta: quien mantiene propiedad minera debe tener una estrategia clara de exploración, desarrollo, consolidación o renuncia.
Las modificaciones introducidas por la Ley N°21.420 y sus ajustes posteriores, incluida la Ley N°21.649, aumentaron el costo de mantener terreno improductivo y generaron incentivos para ordenar portafolios, liberar áreas y reducir el acaparamiento territorial. Eso puede ser muy positivo para el desarrollo del rubro, porque permite que superficies que antes estaban inmovilizadas puedan volver a estar disponibles para nuevos actores, exploradores o proyectos con capacidad real de avanzar y ha reactivado un mercado que estaba completamente congelado.
Sin embargo, la implementación práctica del nuevo sistema también mostró ciertas tensiones. En minería los proyectos no avanzan de manera lineal ni inmediata. Muchas veces requieren años de exploración, estudios geológicos, permisos ambientales, relacionamiento territorial, financiamiento y decisiones de inversión. Por eso, un régimen de patentes demasiado rígido puede terminar afectando no sólo a especuladores, sino también a proyectos legítimos que todavía están en etapas tempranas.
En ese contexto, el proyecto de ley ingresado en mayo de 2026 es una señal positiva porque propone una patente única para concesiones de explotación que no acrediten trabajos, ampliar las hipótesis para acceder a patente rebajada y eliminar la escala progresiva más gravosa. El proyecto busca equilibrar dos objetivos: evitar el acaparamiento improductivo, pero al mismo tiempo no desincentivar proyectos reales que necesitan tiempo para madurar.
Esto confirma algo que he visto en la práctica: hoy no basta con tener concesiones; hay que administrarlas estratégicamente. Se requiere due diligence permanente, revisión de patentes, análisis de superposiciones, decisiones de continuidad o abandono, evaluación geológica y planificación financiera. Una mala gestión de propiedad minera puede significar pérdida de terreno, mayores costos o pérdida de oportunidades.
En ese sentido, el nuevo régimen obliga a profesionalizar la gestión del activo minero. Y ahí se abre un espacio importante para asesoría especializada: entender no sólo la norma, sino cómo esa norma impacta en el valor de un proyecto, en su financiamiento, en una transacción, en una estrategia de exploración o incluso en la defensa de una posición territorial.
¿Qué relevancia ha adquirido disponer de una concesión minera en un escenario de altos precios de los metales y búsqueda de mayor dinamismo sectorial e incremento de producción?
La concesión minera ha vuelto a adquirir una relevancia estratégica. En un escenario de altos precios del cobre, creciente demanda por minerales críticos y presión global por asegurar cadenas de suministro, disponer de una buena posición minera no es simplemente tener un derecho inscrito: es contar con una plataforma para capturar valor futuro.
Pero hay una diferencia importante. Hoy el mercado mira las concesiones con más sofisticación. No basta con mostrar hectáreas. Importa la calidad del título, su ubicación, su continuidad territorial, su situación de patentes, su prioridad, sus eventuales superposiciones, su relación con infraestructura, agua, energía, comunidades y permisos ambientales. Una concesión bien ubicada, bien mantenida y jurídicamente ordenada puede ser decisiva para levantar capital, atraer socios, negociar una opción, estructurar un joint venture o avanzar hacia exploración efectiva.
El proyecto de ley sobre amparo minero refuerza esta idea. La discusión ya no es sólo cuánto cuesta mantener una concesión, sino lo que debe demostrar un titular para justificar que ese terreno forma parte de un proyecto serio. El hecho de que se reconozcan hipótesis vinculadas a permisos ante Sernageomin, ingreso al SEIA, RCA favorable o entrega de información geológica apunta precisamente a eso: distinguir entre propiedad minera pasiva y propiedad minera integrada a una estrategia real de desarrollo.
Por eso, en el contexto actual, la concesión minera es un activo jurídico, económico y estratégico. Es la puerta de entrada al proyecto, pero también puede ser una fuente de riesgo si no está bien gestionada.
Mi visión es positiva: Chile tiene una oportunidad muy concreta de transformar su ventaja geológica en inversión real. Pero para lograrlo se necesita una mirada integrada, que combine derecho minero, permisos, agua, medio ambiente, territorio e infraestructura. Esa es precisamente la asesoría que hoy requieren las compañías que quieren moverse rápido, pero bien: anticipar problemas, ordenar sus activos y tomar decisiones con información jurídica y regulatoria sólida.