Este jueves será un día clave para la industria minera, jornada en las que las miradas estarán puestas en lo que ocurra en la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional, instancia en la que se discutirán las propuestas de normas transitorias relacionadas a la nacionalización de las empresas mineras.
A las 9:30 horas, la Comisión comenzará a debatir acerca de las disposiciones que buscan generar la transición entre la actual Constitución y la nueva carta magna. Aquello que sea aprobado en esta sesión, se considerará en la Comisión de Normas Transitorias, que suscitará en la propuesta final para presentar ante el pleno.
Desde el texto sistematizado de Normas Transitorias específicamente sobre el Estatuto Constitucional de los Minerales se extrae:
Camila Zárate (Pueblo Constituyente) y otros, se sugiere que «Transcurridos cinco años desde la entrada en vigor de la presente Constitución se modificará de pleno derecho la naturaleza jurídica de los títulos pasando de concesiones mineras a autorizaciones administrativas, con excepción de las otorgadas a las empresas del Estado o a sus organismos y a las empresas clase C y D establecidas en la Resolución N° 796 del 22.05.2001 del Sernageomin, las que deberán adecuarse al nuevo régimen jurídico en un plazo no mayor a diez años».
«Los titulares de las concesiones mineras extinguidas podrán solicitar, previo a la extinción, la transición al nuevo régimen jurídico. La ley otorgará plazo a los concesionarios para cumplir los nuevos requisitos que se establezcan para merecer amparo y garantías legales. Se entenderán modificadas inmediatamente la naturaleza jurídica de las concesiones cuyos titulares hayan sido condenados por sentencia ejecutoriada por daño ambiental», agrega.
Añadiendo a su vez, que «las obligaciones de los concesionarios al momento de entrar en vigor esta Constitución, subsistirán bajo el imperio de la nueva regulación, pero en cuanto a sus goces, cargas y causales de extinción, prevalecerán las disposiciones de esta Constitución y la nueva ley minera que se dicte».
Por su parte, el convencional Rodrigo Álvarez (UDI), votará por una propuesta que establece “El Estado y sus organismos reconocen y respetan los derechos de los titulares de las concesiones y derechos de uso y goce sobre recursos naturales otorgados con anterioridad a la promulgación de la Constitución, reconociendo su plena vigencia y garantizando la propiedad de los titulares sobre ellos”.
En tanto, la constituyente Carolina Sepúlveda (INN) propone que «dentro del plazo máximo de 180 días desde la entrada en vigencia de esta Constitución, el Poder Ejecutivo deberá constituir una “Comisión de Transición Minera” integrada por instituciones con competencias sectoriales para evaluar y monitorear el proceso de adecuación regulatoria».
Los titulares de las concesiones mineras de exploración y explotación vigentes a la fecha de entrada en vigor de la presente Constitución deberán adecuarse al nuevo régimen jurídico en un plazo no mayor a cinco años, prorrogables por dos más a discreción de la Comisión. De todos modos, para estos proyectos el plazo de su permiso se extiende mientras se cumplan las condiciones del debido uso que justifica su otorgamiento y no podrá ser menor a la vida útil de los proyectos aprobados por la autoridad en los respectivos planes de cierre».