Este jueves se realizó el conversatorio “Resolución de Controversias en gestión de proyectos mineros”, organizado por el Centro de Arbitraje Mediación Minero (Cammin), donde los participantes analizaron los beneficios que conlleva contar con una institución arbitral en Chile para los temas mineros, y los desafíos que tiene la institución.
Entre los expositores estuvo Patricio Cartagena, secretario general de la Cámara Minera de Chile; Myriam Seers, socia de Savoie Laporte LLP Toronto, Canadá; Augusto Cauti, ex viceministro de Minas de Perú y consultor Internacional; Daniel Weinstein, abogado y gerente legal de Empresas Mineras; y Jorge Castillo Luco, director ejecutivo de Cammin.
La actividad se inició con las palabras de Myriam Seers, quien explicó que “si miramos las instituciones arbitrales que se usan en los contratos mineros, suelen ser empresas que no son especialmente expertas en minería y eso contrasta con otros sectores como podría ser, por ejemplo, el arbitraje marítimo. Si miramos en Londres, hay una asociación de árbitros marítimos que se encargan del 80% del arbitraje del mundo. Con eso se puede ver las eficiencias y especialización que brinda una institución realmente especializada en cierto sector, donde al darse esto, muchas partes que operan en el sector eligen esa institución.
La ejecutiva añadió también que “es importante contar con una institución arbitral para la especialización, que conlleva conocimientos técnicos y financieros para resolución de conflictos y segundo para la centralización que contiene reglas y normas que pueden estar adaptadas a los usuarios. Con eso incluye la selección de árbitros de forma especializada. Sin arbitraje, en una industria especializada, es muy difícil entender los conceptos técnicos”.
Por su parte, Augusto Cauti comentó que “actualmente hay baja en producción y menor mano de obra, proyecto de largo plazo con más riesgos –como por ejemplo el Covid-, conflictividad social-ambiental cada vez mayor y discursos de asamblea y posibles nacionalizaciones. Por eso, entre las necesidades están los foros como los de Cammin para resolver controversias estándares en forma especializada, innovación con mecanismos de solución de conflictos mineros, uso de tecnologías, difusión e involucramiento con otros actores y mejoramiento de capacidad locales para usar estos mecanismos (comunidades, gremios, academia).
Junto a eso, añadió que los centros especializados juegan un rol muy importante en los conflictos, sobre todo en los que son vinculados con comunidades. “Sin duda ahí también se dan situaciones de conflictividad, sea comunidad empresa, comunidad estado, etc. Donde para este tipo de mecanismo, es necesario que existan personas especializadas ya que son temas complejos”.
Bajo esa misma línea, el abogado Daniel Weinstein, señaló que “la industria minera es litigiosa, mucho más que lo que era hace 10 años con problemas de distinta índole. Pueden ser de mineras con comunidades, contratistas, contratos de suministros y posiblemente con el Estado. El arbitraje creo que está bien desarrollado en Chile y son muy pocas las compañías que no tiene cláusulas arbitrales. Es importante que el árbitro tenga conocimiento de la industria minera, porque la misma compañía prestando ese servicio está expuesto a circunstancias muy distintas. Por eso, los profesionales, árbitros y los que ayuden a resolver conflictos deben estar familiarizados con la industria minera”.
“El arbitraje en Chile no es barato porque hay que recurrir a peritos, expertos, abogados, etc. Por eso, no siempre hay acceso a insertar un arbitraje en las compañías y por lo mismo, hay que trabajar para que sea más cercano y posteriormente, hacer bajar su precio”, explicó Weinstein.
Finalmente, Jorge Castillo añadió que “más que un prestador de servicios pretendemos ser un socio estratégico, alguien que esté aliado con las compañías mineras y con las comunidades. Queremos ser más diligentes, nuestros costos son evidentemente más reducidos que lo que se encuentra en otras entidades. Entonces el foco de nuestro quehacer está en la relación bilateral entre contratistas y mandantes”.