(El Mercurio de Ecuador) José Jaramillo, gobernador de la provincia de Azuay y presidente del Comité de Operaciones de Emergencia (COE), ha llamado a una reunión tras la alerta de presencia de mineros artesanales en Río Blanco, en Ecuador.
Y es que comuneros de esta zona, que está en la parroquia Molleturo, de Cuenca, han denunciado que personas desconocidas pretenden ingresar a la concesión minera que dejó Junefield Ecuagoldmining South América.
Esta compañía, que es de China, en agosto de 2016 comenzó la etapa de explotación de oro y plata, pero tuvo que suspender sus operaciones en junio de 2018 por una orden judicial.
Luego, en 2019, después del paro nacional de octubre, fue obligada a salir definitivamente de este sitio por los habitantes, quienes advierten contaminación de fuentes de agua.
Sus campamentos fueron incendiados y destruidos, y sus oficinas y salones hoy lucen desolados. La maquinaría quedó al interior de una gran mina y toneladas de tierra y piedra permanecen en la superficie.
“Tengo la alerta, conozco de manera verbal, conozco que se podría presuntamente estar dando esta situación y de ser necesario hay que tomar medidas de manera urgente…”, reconoció José Jaramillo.
Para esta semana se espera un informe oficial del COE provincial, al que han sido convocadas instituciones como la Agencia de Regulación de Control Minero (ARCOM) y el Ministerio del Ambiente y Agua (MAA).
Millonaria demanda
Junefield Ecuagoldmining South América, propietaria del proyecto minero Río Blanco, en Molleturo, en febrero de 2020 demandó al Estado la falta de seguridad jurídica y del orden público para cumplir con su trabajo.
Esta firma extranjera ha reportado un perjuicio de cerca de 480 millones de dólares, y asimismo ha denunciado el robo de su maquinaría y la destrucción de su campamento.
Río Blanco es uno de los cinco proyectos mineros considerados como estratégicos que tiene Ecuador, y se calcula una reserva de 605.000 onzas (oz) de oro y de 4.307 millones de plata.
Detalles
El proyecto minero Río Blanco es una concesión minera que inició en 1993 a cargo de la empresa Rio Tinto-Zinc Corporation (RTZ), de Gran Bretaña. La vida útil del yacimiento está calculada en unos 11 años.
Luego pasó a la compañía San Luis International Minerals Corporation (IMC), de Canadá y finalmente, en 2012, fue vendida al grupo Junefield Ecuagoldmining South América, de China.
Con lo que se debía extraer en minerales el Gobierno Nacional calculó un beneficio de 191,49 millones de dólares en recursos directos, impuestos y utilidades laborales hasta 2027.