(Pulso-La Tercera) En un fallo unánime, el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta acogió la reclamación de las comunidades indígenas atacameñas de la comuna de San Pedro de Atacama en contra de la aprobación del Plan de Cumplimiento (PdC) que presentó la empresa SQM Salar a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) para la extracción de litio en el salar de Atacama.

De esta forma, la sentencia deja sin efecto la resolución de la SMA que aprobaba el PdC presentado por la empresa. Esto en el marco del proceso sancionatorio que llevó a cabo el organismo y que concluyó con seis cargos, algunos de ellos leves, otros graves y uno de carácter gravísimo.

El Tribunal informó que tomó en consideración para acoger la reclamación: la condición de fragilidad que presenta el Salar de Atacama desde un punto de vista ecosistémico, el elevado nivel de incerteza científica existente respecto de su comportamiento hidrodinámico y el estatus de protección jurídica del territorio en donde se emplaza el proyecto, ya que se ubica dentro del Área de Desarrollo Indígena Atacama La Grande, dentro de la cual habitan desde tiempos antiguos las comunidades del pueblo Licanantay.

El presidente del Tribunal y redactor del fallo, Mauricio Oviedo, explicó que “la decisión adoptada se tomó en función del principio precautorio en materia ambiental, ya que en el proceso no ha quedado acreditado por la empresa que las acciones y metas adoptadas sean capaces de contener y reducir o eliminar los efectos negativos generados por el incumplimiento de la empresa en torno a tres de los seis cargos levantados por la SMA”.

Ahora la SMA deberá retomar el proceso administrativo sancionatorio en contra la empresa, la cual no solo tiene la obligación de volver al cumplimiento ambiental, sino que también debe hacerse cargo adecuadamente de los efectos negativos provocados por las infracciones cometidas.

En caso que la SMA decida sancionar finalmente a SQM por las infracciones graves o gravísimas, se podrían aplicar multas que van por sobre las 5.000 UTA, la clausura de sus operaciones o incluso la revocación de su permiso ambiental.