El órgano jurisdiccional descartó las controversias respecto a la aprobación del Programa de Cumplimiento (PdC), cuando hay daño ambiental.

Desde el primero de octubre, la compañía minera deberá parar la extracción de agua.

La reclamación de los vecinos de Calama se centró en establecer la incorrecta aprobación del plan de cumplimiento del proyecto “Fábrica de ánodos insolubles de plomo” de Recimat.

El ministro redactor y presidente de la instancia, Mauricio Oviedo, explicó que se cumplieron las normas que regulan el proceso de Participación Ciudadana establecidas por el Servicio de Evaluación Ambiental.

Luego de meses de trabajo, la compañía y el Consejo de Defensa del Estado avanzan en una propuesta que debe ser presentada ante el Primer Tribunal Ambiental, en una nueva audiencia a realizarse el próximo 5 de noviembre.

“Debemos hacer un análisis de por qué nos demoramos tanto y por qué hubo idas y venidas en este caso. Eso no puede volver a ocurrir “,comentó Oviedo a MINERÍA CHILENA.

El director ejecutivo de la corporación, Marcelo Ávarez, no le cerró la puerta del todo, señalando que “permanece como un proyecto importante y que está en curso un trabajo para reevaluar su potencial”.

“La empresa falló en la implementación de un conjunto de medidas tanto de infraestructura como organizacional y no fueron capaces de proteger adecuadamente el medioambiente y la salud de las personas, mediante el cumplimiento estricto de la licencia ambiental”, argumentó el ministro del Tribunal.

Un juez ambiental de Chile reiteró el llamado para completar un estudio sobre agua respaldado por el Estado para resolver las dudas acerca de la sostenibilidad en la extracción de recursos que afectan al Salar de Atacama, una de las mayores reservas mundiales de litio.