(El Mercurio) La víspera de Navidad de 2015, ocho dirigentes sindicales de los trabajadores de Chuquicamata interpusieron, en Calama, una demanda contra Codelco, aduciendo prácticas antisindicales por parte de la corporación. Tres semanas después, en Santiago, la Federación de Supervisores de la estatal (Fesuc) ejerció una acción judicial similar en contra de todas las divisiones de Codelco.
Liliana Ugarte, presidenta del Sindicato N° 2 de trabajadores de Chuquicamata y una de los representantes que demandó a Codelco, señaló que la firma estatal, «bajo la administración de Nelson Pizarro ha seguido una política de acoso constante e intimidación que nunca habíamos visto antes». En la demanda laboral se precisa que la corporación les impidió a ella y a otros dirigentes el acceso libre al edificio de Codelco en Calama y a otras dependencias de Chuquicamata.
Sobre la demanda en concreto, la administración de Codelco precisó que los ocho dirigentes sindicales de la División Chuquicamata involucrados en ella conforman una agrupación denominada Comando de Trabajadores Unidos (CTU), que no tiene reconocimiento legal y que, por lo mismo, no tiene relaciones formales con la administración de la división. La estatal explica que se les reguló el acceso a las instalaciones industriales y al edificio corporativo, tras una toma ocurrida en diciembre pasado y por «la necesidad de velar por la seguridad, la integridad física y la vida de las personas que ingresan a sus recintos».
En todo caso, Liliana Ugarte, ligada al PC, detalla que también han realizado una serie de denuncias a la Dirección del Trabajo, la última de las cuales se cursó en enero pasado, para reclamar por los descuentos unilaterales en remuneraciones de los trabajadores e incumplimientos en los convenios para prestaciones de salud en el Hospital del Cobre de Calama. Este sindicato también ha denunciado a Codelco ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por la «violación a los derechos adquiridos por las organizaciones sindicales, tanto aprobados por convenios colectivos como por acuerdos internacionales», según consta en la carta enviada por el gremio a la entidad. El fondo de este reclamo es que «hay una precarización del empleo en Codelco», denuncia Ugarte, por cambios en la modalidad de contratación y la existencia de distintos tipos de trabajadores en la estatal, según cuando hayan ingresado a la empresa.
Otro dirigente ligado al PC, Ricardo Calderón, presidente de la Fesuc -que agrupa a los profesionales-, también mantiene una relación tensa con la actual administración. La demanda que presentaron contra la corporación en enero se debe a la desvinculación de 350 supervisores en 2015 y en el escrito acusan que Codelco despidió exclusivamente a profesionales afiliados a la Fesuc.
Los supervisores acusan a Codelco de preferir negociar con los rol B y no con los profesionales y de tratar de minar a su organización. En la demanda laboral se señala que «despedir a 350 afiliados a la Fesuc y no de otras organizaciones sindicales como la FTC, constituye una discriminación entre organizaciones sindicales, en perjuicio de la Fesuc». El texto agrega que también lo es «suscribir pactos estratégicos con la FTC y no con la Fesuc, así como realizar aportes económicos a la FTC al año 2015, del orden de $327 millones y ningún aporte a la Fesuc».
Calderón sostiene que «los despidos en Codelco han estado concentrados abusiva y discriminadamente en el estamento de los supervisores, lo que no ha tenido ningún efecto en los costos». Y agrega: «Con esa administración (de Nelson Pizarro) ha habido menos diálogo laboral que con Thomas Keller y Diego Hernández».
El presidente de la Fesuc afirma que el problema de fondo es que «Codelco nunca ha aceptado la organización sindical de profesionales y por eso la combate con esa intensidad».
Sobre esta acción judicial, Codelco señala que «la postura de la empresa se conocerá una vez que sea contestada oficialmente en el marco del proceso».