El presidente del directorio de Codelco, Oscar Landerretche, se reunió con la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados para exponer sobre las decisiones adoptadas por la compañía en relación a la adjudicación de un contrato con la Isapre Banmédica y la compra de un terreno en la comuna de Machalí.
En la nota publicada por el portal de la Cámara Baja, se consigna que Landerretche abordó los antecedentes del contrato que Codelco suscribió con la Isapre Banmédica, perteneciente al grupo Penta y que fue cuestionado entre otros por los propios trabajadores de la cuprífera estatal, donde explicó que la administración de Codelco en 2010 determinó la necesidad de buscar mecanismos orientados a reducir costos vinculados a los programas de salud de los trabajadores.
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Actualmente, el convenio abarca a 2.000 trabajadores, de los cuales 600 fueron traspasados del anterior sistema de salud que ofrecía la compañía estatal a sus trabajadores, y el resto corresponde a trabajadores nuevos, informó el presidente de Codelco.
Sobre el convenio mismo, Landerretche informó que se encuentra en proceso de renegociación y, en ese contexto, se determinó la realización de una auditoría y la revisión de las cláusulas contractuales y una revisión económica y financiera de las prestaciones del modelo de salud.
“Nosotros estamos conduciendo en forma interna una auditoría de ese contrato y una evaluación económica de ese contrato respecto de sus costos financieros para Codelco y también sus resultados en las prestaciones para los trabajadores. Esa auditoría y estudios no están listos y, por lo tanto, no estamos en condiciones de hacer un juicio técnico respecto de si fue o no conveniente”, subrayó.
Machalí
A la salida de la reunión y ante consultas realizadas por algunos medios de comunicación, Landerretche explicó que la compra de un terreno por parte de Codelco en la comuna de Machalí se efectuó durante la anterior administración de la empresa, en 2012, con el objetivo de trasladar oficinas de la división El Teniente ubicadas en la ciudad de Rancagua, afectadas por la alta congestión de las operaciones y el proceso de expropiación por el crecimiento urbano de la ciudad, según se consigna en la nota.
El terreno adquirido, añadió, corresponden a 22 hectáreas, con un precio de 0,86 UF el metro cuadrado, y en donde reconoció, aún no se han realizado obras porque está pendiente el cambio del uso de suelo del terreno, de rural a actividades comerciales e industriales.