(Pulso) Servicios mínimos debe ser sin duda uno de los puntos que ha causado más controversia dentro de la reforma laboral, sobre todo luego de las críticas que recibió el proyecto por parte de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), entidad que se mostró en profundo desacuerdo con su establecimiento durante el proceso de negociación y en caso de huelga.
El Gobierno se defendió de estas críticas explicando que el polémico punto no pretende permitir que la empresa siga funcionando económicamente, sino que se hace “para evitar daños mientras dure la huelga”.
El sistema actual contempla equipos de emergencia que cumplen un rol similar a lo que propone la reforma como servicios mínimos, sin embargo son poco utilizados porque está permitido el reemplazo en huelga, lo que en adelante quedaría prohibido según la iniciativa que está en el Congreso.
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Ante esto último, el cuerpo legal consagra el deber de la organización sindical de proveer personal necesario para cumplir con “servicios mínimos”. En general, dice el texto, se privilegia que la clasificación de estos servicios pueda ser concordada por las partes (sindicato y empleador), en forma previa a la negociación, pero también podría efectuarse al inicio de ésta. De no haber acuerdo se recurrirá a la Dirección del Trabajo para que determine la necesidad de estos equipos en período de huelga, y de no estar conformes, las partes podrán recurrir a tribunales.
Con esta redacción han surgido dudas de si anticipa o podría ser un nuevo foco de conflicto. Las opiniones están divididas.
Alfonso Pastene, secretario general de la Central Autónoma de Trabajadores (CAT) expresa su descontento con este tema. Ejemplifica: “Un mínimo que yo hago cuando salgo de mi casa es hacer la cama, por lo tanto si mañana es la huelga voy a tener que dejar un turno para hacer la cama”.
Señala también que se podría considerar dentro de servicio mínimo el aseo de la empresa, pues es lo básico y recuerda que el mayor problema durante la huelga es el no pago de previsión, “¿por qué a nosotros nos tienen que dejar lagunas previsionales en la huelga y nosotros tenemos que cuidarles la empresa?”, plantea.
Otro punto, sostiene, es que estos servicios mínimos deberían ser clasificados hoy y no en el momento de la huelga, ya que indica que “ en ese momento no vamos a ser capaces de ver a futuro lo que es esencial o no; por lo tanto la Inspección del Trabajo debiera empezar a calificar qué servicios mínimos son de la empresa A, B, C”.
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Álvaro Pizarro, abogado y socio de APM asociados, no cree que los servicios mínimos vayan a significar una mayor conflictividad, toda vez que cuando se decide prohibir el reemplazo en huelga, se debe asegurar que las cosas de urgencia funcionen bien. Respalda la idea de Pastene al señalar que “ojalá se determinen antes del inicio de la negociación y no durante ni después en que las cosas se ponen más álgidas”.
El abogado indica que si no se logra llegar a acuerdo sobre cuáles son las funciones de emergencia, puede ser grave para muchas empresas, puesto que hay industrias de alimentos o seres vivos que requieren más cuidado. Por lo mismo, manifiesta que “si establecer quiénes operan estos servicios genera conflicto, bueno que genere, pero es mucho más grave no tener quién opere los equipos”.
El asesor sindical Felipe Ossandón coincide con Pizarro en que la nueva normativa no debería ser una nueva fuente de conflicto, aunque sea más requerida la fórmula debido al fin del reemplazo en huelga. Recuerda que hoy como está la normativa frente a los equipos de emergencia, también es probable llegar a instancias judiciales.
Aclara, no obstante, que esta regla de los servicios mínimos no se aplicaría a todas las empresas, y considera que hay algunas áreas donde no se requerirá, como el comercio: “no creo que esté pensado para eso”. Asevera que “lo que complejizaría la discusión es que los empresarios o la derecha traten de ampliar las causas como una manera de cubrir un nuevo reemplazo, pero eso no está en el texto actual”.
En tanto, Héctor Humeres, abogado y asesor laboral de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), explica que la discusión se basa sobre dichos de la CUT y que todo es en base a supuestos “porque no hay experiencia en Chile”.
Desde la teoría, piensa que puede ser una fuente de mayor conflicto. Precisa que “cualquier cosa de la negociación colectiva que la anticipes en el tiempo, antes que se negocie, esto u otra, puede causar un conflicto” y finalmente judicializar el proceso desde sus inicios.
Así también lo visualiza Cristián Aguayo, abogado del estudio Aguayo, Ecclefield & Martínez, quien recalca que el sólo hecho de discutir los servicios mínimos al inicio de la negociación colectiva “claramente va a adelantar la discusión a lo de fondo”.
Con respecto a la judicialización que puede sufrir el proceso, explica que se establece una intervención bastante activa en esta problemática por parte de la Inspección del Trabajo “cuando las partes no logran un acuerdo y en definitiva si la Inspección resuelve, todavía puede judicializarse y es un problema que es un poco lateral al principal, puede ser un foco más y terminar en tribunales”.
Finalmente, Juan Vergara, asesor sindical y miembro de prosindical.cl cree que la anticipación de las conversaciones sobre los servicios mínimos sería contraproducente para la negociación. “Es probable que no haya acuerdo con el sindicato en la necesidad de otorgar equipos de emergencia, en las áreas a cubrir y en la conformación de los equipos, por lo tanto el conflicto se trasladará a la Inspección del Trabajo y posteriormente a los tribunales de justicia. Esto evidentemente va a entorpecer la negociación, por la tensión que generará entre las partes”.
Por último, manifiesta que el hecho de que el empleador solicite la calificación de servicios mínimos podría enviar una señal errónea al sindicato de que está dispuesto a ir a la huelga, por lo que expresa que “es preferible el sistema actual de acordarlo después de votada la huelga”.