Sofofa denuncia que no fueron “escuchados” en Reforma Laboral y critica proyecto

El seminario “Los alcances de la reforma laboral”, organizado por dicha entidad gremial y la UDD, fue el escenario donde la industria explicó en detalle sus reparos a la iniciativa e instó a sumar otras medidas como mayor flexibilidad, para incorporar a mujeres y jóvenes al mercado del trabajo.

(Pulso) De contenidos y de silencios. En esos dos términos resumió el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Hermann von Mühlenbrock, sus críticas al proyecto de reforma laboral que se discute actualmente en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados.

El escenario escogido fue el seminario “Los alcances de la reforma laboral”, organizado por dicha entidad gremial y la Universidad del Desarrollo (UDD), donde expusieron la ministra del Trabajo, Javiera Blanco; el director de investigación de Economía de la UDD, Cristián Larroulet; el ex ministro del ramo, Ricardo Solari; la subdirectora del Instituto Libertad y Desarrollo, Rosanna Costa; el  ex subsecretario del Trabajo, Bruno Baranda; y el asesor jurídico del ministerio del Trabajo, Roberto Godoy.

El titular de la industria  indicó que el fin de reemplazo en huelga y la titularidad sindical son dos de los puntos que más reparos genera en su sector. Acusó que ambas propuestas “atentan contra la capacidad de gestión de las compañías y restringen la capacidad de elección de las personas”.

Es más, dijo que esta última idea se constituye en una sindicalización “forzosa”, que terminará dañando la libertad de asociación y entregando un poder monopólico a los sindicatos.

Y respecto a los silencios, Von Mühlenbrock acusó que la iniciativa no hace referencia a temas que les preocupan y afectan a la sociedad  como la informalidad laboral, la escasa participación de grupos vulnerables como jóvenes y mujeres y la baja productividad del país, clave para un mayor crecimiento.

Más allá fue  el vicepresidente de Sofofa y titular  de la comisión laboral de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Rafael Guilisasti, al  detallar en su exposición, uno a uno, y con fundamentos, los reparos del empresariado a esta iniciativa.

En ese sentido, aseguró que esta reforma “no cuenta” con un consenso muy amplio de la ciudadanía. Es más, dijo que el proyecto tiene puntos de discrepancias y bastantes controversias que deben mirarse desde “el punto de vista más amplio de la sociedad”.

Puntualizó que como CPC llevan varios meses conversando con el ministerio del Trabajo enfocados  en los puntos más conflictivos de la reforma “y para ser bien francos no nos sorprende nada (que no fueran escuchados); hemos planteado esto durante toda la discusión y nos hicieron poco caso no más, y la vida es así, no nos hemos podido convencer mutuamente”, sostuvo.

Las palabras de Guilisasti fueron respaldadas más tarde por Von Mühlenbrock al término del seminario, cuando aseguró que en el Gobierno “no nos han escuchado mucho. Eso es así. Ahora, si en el Parlamento nuestra ideas las podemos hacer valer y si los parlamentarios consideran que hay que incorporarlas al proyecto, fantástico”, acotó.

Mejoras

En su presentación, Rafael Guilisasti hizo un minucioso detalle de los principales ruidos que genera el proyecto de ley y que es imprescindible mejorar. Se refirió a cuatro áreas:

Inclusión de mujeres y jóvenes. Para el dirigente, hoy  el instrumento principal para sumar y ser inclusivos es la incorporación de mujeres y jóvenes al trabajo. “Tarea no fácil”, reconoce.

Esto, porque en el caso de los jóvenes “no hay experiencias de políticas públicas (duraderas); algunas tienen que ver con subsidios pero el problema es cómo se hace eso de manera permanente”, dice.

Destaca, que en el caso de las mujeres hay evidencia de que el principal obstáculo para su incorporación al mundo laboral es la inflexibilidad horaria, no sólo la normativa, “sino que la realidad misma de la empresa; flexibilidades que permitan hacer compatibles el trabajo con el cuidado de los niños. Ese es un tema que creo que hay que tenerlo presente”, en el proyecto, comentó Guilisasti.

Penalización a huelgas ilegales. Uno de los puntos que la CPC planteó a la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, fue incorporar sanciones administrativas o penales por bloqueo y daños durante una huelga ilegal.

Según Guilisasti, si la reforma va a incentivar a través del fortalecimiento sindical y los procesos de negociación colectiva una “nueva armonía” al interior de la empresa, “tenemos que ser muy categóricos en excluir y penalizar lo que se ha llamado las huelgas ilegales”.

Precisó que estas acciones no son sólo fruto de la frustración al interior de las empresas- aunque “puede haber un componente de eso”, reconoció- “pero también lo hemos visto en la práctica; son fruto de un cierto amparo y legitimidad que estamos dando a las huelgas ilegales”, ya que en Chile un tercio de los paros son ilegales, comentó.

El dirigente aseguró, además,  que ellos como CPC “sí hemos pedido que estos (castigos) se incluyan y haya sanciones a quienes la promueven. Todos coincidimos en las buenas intenciones pero ojalá que este tema sea considerado. Este es un aspecto donde más bien hay silencio, no lo enfrentamos derechamente, así que me gustaría que en esta discusión volviéramos a hablar de ese tópico”, sentenció.

Indemnización. A juicio del empresario, también es importante plantear cambios “definitivos” al sistema de indemnización por años de servicio hoy imperante, el cual paga hasta 11 años de servicios a un trabajador cuando es despedido.

“Hay que incorporar un sistema nuevo que incluya algún tipo de indemnización a todo evento porque no solamente es un tema de costo de contratación, al contrario, pienso que la modernidad y las posibilidades de desarrollo y de crecimiento en la vida laboral tienen mucho más que ver hoy día con los cambios en el trabajo que con la permanencia en las empresas”, indicó Guillisasti.

Flexibilidad. Otro tema  también a abordar y tener presente en el proyecto de reforma laboral es la capacitación, evento donde no estamos haciendo la “reflexión” necesaria, sobre un fenómeno mundial, dijo el empresario.

Acá explica que debemos considerar que estamos en una economía globalizada, donde los capitales fluyen, hay una movilidad y desplazamiento de todo tipo de empresas industriales y de servicios, y al mismo tiempo se va produciendo una división nueva al interior del trabajo distinta a la que conocimos el siglo pasado.

Bajo este nuevo escenario, acuñó, “los trabajadores calificados y altamente especializados van capturando las mejores rentas en los distintos segmentos y se va produciendo, por otro lado, un crecimiento económico sin generación de empleo. Este es el tema que hoy día está motivando fuertes reflexiones en la economía mundial”.

Agregó que una de las mayores fuentes de desigualdad son las rentas diferenciadas, “y esto tiene que ver mucho con el fenómeno de la adaptabilidad laboral, por lo menos en la empresa”, aseguró.

Modificaciones. Respecto a los puntos necesarios a modificar, Guilisasti apuntó tres.

El primero sería la adaptabilidad pactada “puede ser un instrumento de mucha modernización en la empresa, horario, capacitación y otros beneficios, pero ¿por qué tan restringido”, dijo al referirse al filtro de un porcentaje de sindicalización.

“Si no hay sindicato puede haber un grupo negociador, pero qué pasa con la adaptabilidad laboral. Necesito un quórum de 30% en régimen y parto con un quórum de 65% (en adaptabilidad); mientras que  los contenidos de la adaptabilidad pactada están aún restringidos”, añadió.

Lo segundo, indicó sería revisar las mayores facultades de  la Dirección del Trabajo como ente mediador que se plantean en el proyecto.

Dijo que espera que el anuncio del Gobierno (de modernizar la DT) “no sea sólo aumentar la planta, los funcionarios y nos quedemos con un régimen de gobernanza en la cual no haya una dirección colectiva y una autoridad nombrada por los distintos poderes de la República”.

El tercer elemento, agregó Guilisasti, tiene que ver con los servicios mínimos o básicos que trae la iniciativa. El dirigente se preguntó qué pasará cuando no haya acuerdo.  “Nos va a introducir en un tremendo problema previo a la negociación colectiva, (porque)  ¿cuáles son los servicios mínimos?”.

Acá, destacó, que falta una mirada más a fondo de cómo resolver el tema. “Nosotros propusimos que haya un período corto, de 5 a 6 días en que no se pudiera rescatar. Démosle otra vuelta porque esto tiene muchas implicancias”, acotó.

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