(El Mercurio) «Los últimos 10 años nuestro país tuvo conflictos muy potentes y graves que generaron desconfianza de los peruanos y de los inversionistas internacionales». Así explica Vladimiro Huaroc, alto comisionado de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros de Perú, la razón del surgimiento, hace 18 meses, de esta entidad y la importancia que esta ha tomado para el gobierno de Humala.
Una iniciativa inédita en ese país que hoy maneja 58 conflictos que afectan principalmente a grandes inversiones mineras. Para eso han creado un sistema que les permite llegar a las zonas con conflictos, reunirse con las empresas y con los pobladores y mediar soluciones que destraben las inversiones. Todo con el aval de ser una oficina que depende directamente del primer ministro de Perú.
En un año y medio, esta oficina ha solucionado 77 conflictos y, dice Huaroc, «las presiones sociales, la violencia y la confusión que afectaban a las inversiones, han desaparecido». Todo, con un presupuesto que no supera los US$ 3 millones anuales.
-¿Cómo han afectado los conflictos sociales a las grandes inversiones en Perú?
«La gran mayoría de los conflictos ciudadanos en Perú -aproximadamente el 60%- afecta a industrias extractivas».
-Esto ha llevado a que haya proyectos paralizados por años, conflictos con niveles de violencia que, por ejemplo en Chile no se han visto, y grandes inversiones descartadas por compañías internacionales….
«Eso se ve porque por muchos años hay grandes zonas de Perú con una fuerte ausencia del Estado y también porque hay comunidades que se han visto beneficiadas por la llegada de inversiones, pero otras solo han sufrido su impacto, y ante eso reaccionan».
-¿Entonces la misión de esta oficina es destrabar grandes inversiones y también hacer que el Estado llegue a lugares a los cuales antes no había tocado?
«Sí, el gobierno de nuestro país había descuidado durante mucho tiempo la atención de estas zonas pobres y deprimidas, que necesitaban urgentemente una atención, pero no se les prestó y es a esos lugares donde llegaron las grandes inversiones. Por eso lo que hemos hecho es buscar un equilibrio, con el concurso de las empresas, donde el Estado ha tenido que asumir su rol fundamental de proteger a los ciudadanos. Esto significa dinamizar y mover el Estado hacia estas zonas».
-¿Esto les ha dado estabilidad a las inversiones en Perú?
«Es cosa de ver los resultados: en 18 meses no se ha suspendido, cancelado ni abandonado ningún gran proyecto de inversión en Perú».
-¿Y qué pasa con los que ya estaban suspendidos? Cajamarca, por ejemplo, es una zona que ha hecho noticia por la violencia de los conflictos que ahí se han desarrollado.
«Hemos pasado por situaciones muy tensas, pero finalmente exitosas. Cajamarca tiene 28 proyectos y el mayor, Conga, no está suspendido. Hay dificultades para avanzar, pero esperamos atender (cada conflicto) con oportunidad. El año pasado Conga invirtió la mitad de lo que tenía presupuestado, pero sigue avanzando. Otros proyectos en distintas zonas se han reiniciado, Toromocho, por ejemplo (US$ 5 mil millones), acaba de comenzar sus operaciones, tras 10 años en pausa; Las Bambas (US$ 6 mil millones) ha ido superando progresivamente todas sus dificultados y Constancia, en Cusco, (US$ 3 mil millones) acaba de superar su conflicto con la población y tiene luz verde para operar».
-¿Cuántas inversiones han «estabilizado» en la Oficina?
«Hemos hecho un balance que llega a por lo menos US$ 10 mil millones en inversiones».
-Un poco menos del 20% de la cartera de proyectos peruanos.
«La cartera de minería contempla inversiones ente 2013 y 2018 de US$ 57.403 millones, en 49 macroproyectos».
-¿Cómo es su método de trabajo?
«Nuestra arma más poderosa ha sido el diálogo: encontrar acuerdos inteligentes, de consensos y razonables. Formamos una mesa de diálogo para el desarrollo de la localidad en donde las partes exponen las demandas para ser cumplidas por la empresa y el Estado, quienes firman acuerdos vinculantes».
«Queremos que la gente, los campesinos que ahora pasan a ser obreros de las mineras, no vuelvan a quedar pobres en 30 o 40 años, sino que tengan las capacidades a través de proyectos productivos».
-¿Solo reaccionan o se anticipan a los conflictos?
«Esta Oficina tiene tres áreas: Prevención, Gestión y Análisis. Para nosotros es prioritaria la política de prevención, y para eso hemos diseñado un índice de riesgo que nos permite elaborar una estrategia para cada proyecto de inversión, el que para marzo o abril tendremos listo».
-Usted dice que los acuerdos que se firman son vinculantes ¿Qué pasa si las empresas o el Estado no cumplen, o si las comunidades cambian de opinión? ¿Existen multas o sanciones?
«En todo este tiempo no ha habido ningún caso así, por lo que creemos que no es necesario. Hoy en el mundo hay toda una demanda porque las empresas desarrollen capacidades sostenibles. Hay, además, un contexto internacional muy positivo para que este tipo de acuerdos se cumpla, y nosotros nos preocupamos de eso».