(El Mercurio) Si se mira Chile desde el cielo, irrumpen en el paisaje varios “cerros” con forma de torta y tranques artificiales que revelan la huella de las faenas mineras, en especial en el norte y centro del país. Son los llamados “pasivos ambientales” de la minería, un problema tan complejo que por décadas se ha traspasado de un gobierno a otro.

Suman 740, con un volumen de 7.190 millones de metros cúbicos, según el catastro de Sernageomin. El mayor volumen se concentra en la Región de Antofagasta, seguida de la Metropolitana. En cantidad, en cambio, lideran Atacama, con 161, y Coquimbo, con 386, lo que implica una gran dispersión y vecindad con áreas urbanas.

La actual administración definió en agosto una política nacional de relaves que, según destaca el ministro de Minería, Baldo Prokurica, persigue tres objetivos: monitorear los relaves activos (son 101) con ayuda de un observatorio; reprocesar los que aún tengan valor económico e impulsar la “remediación” de depósitos abandonados e inactivos con medidas de compensación a través del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA)”.

Esta última línea de trabajo, afirma Prokurica, tiene especial relevancia por la trazabilidad ambiental de la minería.

Por eso, el próximo mes la cartera y el SEA firmarán un inédito convenio para que los primeros 37 relaves abandonados, priorizados por riesgosos y cercanos a sitios poblados, se conviertan en una opción para que los nuevos proyectos mineros que ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental compensen emisiones.

Eso significa que las compañías podrán hacerse cargo de ellos para cerrarlos, remediarlos y estabilizarlos en forma física y química, lo que les permitirá mitigar las emisiones que tengan sus nuevos proyectos, como les exige la ley, detalla Pablo Terrazas, subsecretario de Minería.

Otras regiones

Aunque inicialmente la idea era comenzar con un plan piloto de 13 relaves y solo en Atacama, el proceso de levantar información y caracterizar aquellos más riesgosos avanzó más rápido -explica Terrazas- y se optó por expandir la iniciativa a partir de 2019 a cinco regiones y 37 relaves. Un criterio clave, precisa, es la selección de los relaves ubicados a menos de 3 kilómetros de sectores poblados en Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo y Valparaíso.

La expectativa es que las compañías elijan esta opción para mitigar el impacto ambiental de sus emisiones, lo que, de paso, traerá un beneficio ambiental a la región.

Actualmente esto se hace con la compra de terrenos para conservación, pero cada vez son más escasos y caros, advierte Terrazas, quien ha estado difundiendo el mecanismo en la industria minera. “Esto es más conveniente, porque es remediar un daño ambiental que se hizo antes, con un beneficio para la población cercana”, remarca.

La norma ambiental actual es más exigente, dice, pero se requiere un monitoreo y una fiscalización permanente de las medidas comprometidas en los nuevos proyectos.

 Fiscalizaciones y sanciones por mal manejo de los depósitos

La Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) terminó en julio dos procesos sobre manejos de relaves, iniciados en 2015 y 2016, que culminaron con multas a la minera El Toqui en Aysén y a Codelco-El Teniente, en O’Higgins.

La mayor fue de $1.131 millones y correspondió a El Toqui, por no haber aplicado procedimientos en su tranque de relaves Confluencia, haber descargado residuos en un lugar no autorizado y haber excedido en 50% el tonelaje aprobado. En el caso de Codelco, la fiscalización fue al embalse Carén, donde hubo una multa de $129,2 millones.

Hoy, la SMA indaga otros siete casos de supuestas irregularidades en relaves, iniciados entre 2017 y 2018, que corresponden a Minera El Reloj; Minera del Pacífico; Collahuasi; Enami y Cerro Negro; Minera Pimentón y Sociedad de Exploración (mina Cardenilla).

Mientras la SMA fiscaliza desde 2012 el cumplimiento de las resoluciones de calificación ambiental (RCA) de los proyectos mineros que pasan por el SEIA, el Servicio Nacional de Geología y Minería tiene atribuciones para fiscalizar los relaves activos, asegurando su estabilidad física y química. Hasta septiembre de este año, el servicio había fiscalizado 33 relaves, de los cuales 8 terminaron en procesos sancionatorios.