(Pulso) Por la unanimidad de sus miembros, la Comisión Nacional Antidistorsiones en el Precio de las Mercaderías Importadas rechazó aplicar medidas provisionales a la importación de barras de acero para hormigón provenientes de México.
En la sesión realizada el pasado 8 de noviembre, la instancia presidida por el Fiscal Nacional Económico subrogante, Mario Ybar, explicó que no disponía de “los elementos para determinar que tales medidas son necesarias para impedir que se cause daño durante la investigación” que desarrolla por eventual dumping en el precio del producto.
Este proceso lo inició en febrero pasado, tras una solicitud que presentaron las empresas nacionales CAP y Gerdau en enero, las que acusaron la supuesta distorsión. En ella, las compañías pidieron la imposición de un arancel del 38,2% a las barras de acero para hormigón que trae a Chile la firma mexicana Deacero. Así, buscan renovar una disposición parecida que venció en noviembre de 2017 y que establecía tasas adicionales de 9,8% a dichos productos.
En el documento también figura que la comisión estimó un margen de dumping de 16,3%, en base al valor normal y el precio de exportación calculados a partir de la información que entregó Deacero.
Junto con ello, precisó que, entre mayo de 2016 y noviembre de 2017, cuando regían medidas antidumping para el producto mexicano, se observó un descenso de esas importaciones. Pasaron de un rango de 8.919-9.910 toneladas mensuales, entre junio de 2015 y mayo de 2016, hasta fluctuaciones de 3.847-4.726 toneladas mensuales en el período junio 2016-noviembre de 2017. Pero, tras levantarse la medida, las compras volvieron a subir a 7.497 toneladas mensuales, desde fines del año pasado hasta mayo de 2018.
Fuego cruzado
En la denuncia, CAP y Gerdau acusaron que los supuestos precios distorsionados del producto mexicano han causado tres daños: en la participación de mercado de la producción nacional, en el volumen de ventas y en el precio. Respecto a lo último, apuntaron que el impacto sería de US$59 por tonelada, entre 2012 y el segundo trimestre de 2017.
Por su parte, la acusada señaló que los denunciantes no aportaron ninguna prueba que justificara un supuesto spread de precios que debería existir entre el producto nacional y el importado, el que reflejaría las ventajas del primero en lo relativo a un mayor inventario y servicio técnico.
Hasta el gobierno mexicano intervino en la discusión y proyectó que, probablemente, las exportaciones del producto caerán, “ya que parte de la producción se dirigirá al mercado interno mexicano”.
Lo anterior, dijo, es derivado de varios factores, entre ellos, el aumento en el consumo de productos siderúrgicos en el sector energético, gracias a la inversión y reformas en este rubro. Y también por el incremento de la participación de los productores mexicanos en ese mercado, impulsada por las restricciones que México impuso a las importaciones de acero procedentes de Estados Unidos.