(Economía y Negocios online) Ejercer las facultades expropiatorias que le otorgan la Constitución de la República y el decreto 1557, con respecto a la empresa SQM, y crear una empresa estatal para la explotación del litio en su calidad de recurso estratégico, es lo que solicita al Presidente de la República la resolución 185, aprobada por la Sala de la Cámara de Diputados.

El texto, ratificado por 63 votos a favor, 47 en contra y 9 abstenciones, fue presentado por los diputados Rodrigo González (PPD) y Jaime Tohá (PS), quienes suscribieron no estar dispuestos a continuar tolerando el agravio a la nación y las consecuencias que implican que personas como Julio Ponce Lerou y empresas como Soquimich (SQM) continúen atentando contra el interés general y amenacen la conservación y protección del patrimonio ambiental.

Por lo anterior, señalaron estar dispuestos a tomar la decisión histórica de recuperar estas riquezas en beneficio de la educación, de la salud y del bienestar y protección de los derechos de todos los chilenos.

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En segundo lugar, la Sala aprobó, por 83 votos a favor, 29 en contra y 6 abstenciones, el proyecto de acuerdo 5 que manifiesta el rechazo de la Cámara de Diputados por el traspaso del Comité de Minería No Metálica al Ministerio de Minería y solicita al Gobierno considerar la creación de una institucionalidad única en la gobernanza de Los Salares y en la explotación pública del litio.

El documento, de autoría de los diputados (FRVS) Alejandra Sepúlveda, Jaime Mulet y Esteban Velásquez, además de (IND) Pedro Velásquez y Tomás Hirsch (PH), estima que la transferencia del Comité de Minería No Metálica al Ministerio de Minería dispersa la necesaria coordinación que debe haber entre la fiscalización de los contratos de SQM y Albermarle en el Salar y la gobernanza de los salares, como también afecta a la coordinación en el actuar con otros organismos fiscalizadores del litio y los salares, como la Dirección General de Aguas (DGA), la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN), Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) y Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), entre otros.

Asimismo, agrega que, este traspaso afecta la continuidad del Comité en el Ministerio de Minería, puesto que solo se prevé hasta el 2019, sujetándolo, además, a la disponibilidad presupuestaria futura, amenazando su integridad y permanencia.

Por otro lado, los parlamentarios sugieren adoptar, en lo sucesivo, políticas públicas e institucionales que tengan por objeto fortalecer, concentrar y coordinar los esfuerzos de todos los organismos públicos con competencias en los salares y, particularmente, en la explotación y comercialización del litio chileno, a través de una empresa pública encargada de la exploración, explotación y comercialización del litio chileno, o con la orden que se transfieran las respectivas pertenencias a las empresas públicas mineras.