(Pulso) Revueltas amanecieron las aguas en las oficinas de SQM, en Las Condes, luego de la revelación hecha por PULSO de la contratación, en calidad de asesores estratégicos, del controlador de grupo Pampa (mayor accionista de la minera) Julio Ponce y de su hermano Eugenio, quien hasta abril presidió la compañía.
La noticia generó revuelo tanto a nivel político como empresarial. Previendo eso, algunos ejecutivos y directivos de la minera no metálica se reunieron en el edificio corporativo y otros estuvieron presentes vía telefónica. Ello, con el fin de monitorear lo ocurrido y estudiar todas las aristas.
Tras largos debates, a última hora de ayer la firma emitió un comunicado firmado por Alberto Salas en que defendió la decisión, asegurando que se da en el marco de la responsabilidad de velar por los intereses de todos los accionistas.
“Por eso, después de un exhaustivo análisis, resolvió contratar la asesoría con exclusividad de los dos profesionales antes referidos, tomando en consideración su amplio conocimiento del negocio, de los procesos productivos, del desarrollo tecnológico y la innovación incorporada, de los clientes y del desarrollo comercial de los productos. Lo anterior, teniendo en cuenta que ambos tienen más de 20 años de experiencia en la industria”, señaló Salas, quien agregó que la contratación de ambos profesionales “no contraviene en ninguna circunstancia los acuerdos entre SQM y Corfo”.
Más temprano, y como era esperable, el primero en salir a criticar el arribo de Julio y Eugenio Ponce como asesores fue el exvicepresidente de Corfo, Eduardo Bitran que fue quien firmó el acuerdo por el salar de Atacama. Bitran acusó a SQM de burlar el espíritu del acuerdo, a Alberto Salas de defraudar su confianza e incluso planteó que la contratación de los asesores sería causal de caducidad del contrato.
Dentro de SQM, comentan que la opción de sumar como asesor a Eugenio Ponce fue debatida con Corfo en el marco de la negociación que llevó a un acuerdo que extendió la concesión del salar de Atacama, cerrado en enero. Esto fue uno de los puntos que permitió destrabar las diferencias. Sin embargo, cerca de mediodía, la propia Corfo, mediante un comunicado, dijo que la “medida pertenece estrictamente al ámbito de las funciones” de SQM y que “no modifica” el acuerdo en su ejecución. “Comentar las decisiones corporativas o su prudencia no forma parte de nuestras atribuciones o competencias”, indicó ese organismo. Sin embargo, en horas de la tarde, el vicepresidente de Corfo, Sebastián Sichel, si bien reiteró este argumento, planteó a modo personal que la decisión “no me gusta”.
Otra visión crítica fue la del presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, quien sostuvo que se requiere una legislación con responsabilidad penal más sustantiva para actos de corrupción, además de tener listas negras de empresas que financiaron y facilitaron actos de corrupción para que no se puedan contratar con el Estado.
Según Drago, lo que corresponde es una sanción directa a la empresa. “Esa es la responsabilidad penal de personas jurídicas”, indicó, cuestionando no obstante que, a su juicio, esta norma en Chile tiene requisitos muy difíciles de cumplir, por lo que en la práctica es deseable su modificación.
Cerca del mediodía el tema ya se había instalado en La Moneda, donde tanto Segegob como Segpres analizaron durante horas lo ocurrido. Sin embargo, fue el ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien salió a abordar el tema, alineándose con la posición de Corfo y comentando que el Presidente Sebastián Piñera “no ha pedido ni solicitado” la revisión del acuerdo Corfo-SQM.
La visión del empresariado
Pero las críticas más duras vinieron desde el empresariado. El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Alfonso Swett, opinó sobre la decisión de SQM que “tenemos que decir categóricamente que no nos gusta”, principalmente por “todo el impacto que esto tiene y todos los desafíos y complejidades que tiene”.
Una postura aún más dura emitió el presidente de Sofofa, Bernardo Larraín, quien señaló que la decisión no le parece una “buena práctica empresarial”, en especial el hecho de que en sociedades anónimas abiertas con accionistas minoritarios, los derechos de accionistas controladores o relevantes, deberían ser ejercidos en el directorio, comités de directores o junta de accionistas, “salvo que en su condición de director (que no es el caso) asume otros roles en condición de asesor”.
“Esto es especialmente relevante en el contexto de las críticas al gobierno corporativo de SQM que se han expresado en el último tiempo por los hechos por todos conocidos” complementó Larraín.
A nivel parlamentario, cundió la molestia transversal, porque hace poco el gobierno había acordado extender la concesión a la minera para que explotara litio a cambio de la salida de ambos ejecutivos del directorio de la empresa.
Si bien el acuerdo se realizó en la anterior administración, todos estuvieron por ratificarlo. Es más en el Congreso en distintas comisiones, el vicepresidente de Corfo de la época, Eduardo Bitran, debió explicar las razones que lo llevaron a concordar un acuerdo con esta firma, que muchos hoy presienten, está siendo vulnerado.