(Pulso) El próximo año se espera que la inversión comience a repuntar, luego de cuatro años consecutivos de caídas. En este escenario, la inversión pública en infraestructura tomará gran relevancia.
Y es que solamente para el período entre 2014 y 2023, los requerimientos de inversión para el desarrollo de infraestructura se estiman en US$112.588 millones, de los cuales 57% se financiaría a través del sector público, correspondiendo un 23% de esta inversión a la vialidad interurbana de acuerdo a lo informado por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).
Más allá de este repunte que se espera para 2018, existen otros factores que pueden retrasar la inversión pública, afectando con ello, el dinamismo de la economía. Así, de acuerdo al estudio ‘Infraestructura Pública en Chile: Una propuesta para mejorar su gestión’ elaborado por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, actualmente existen factores no económicos que tienen una incidencia negativa tanto en la etapa de diseño como de licitación y de construcción de una obra.
Una excesiva burocracia, trabas medioambientales y requerimientos innecesarios, son los principales focos de generación de pérdidas de los proyectos que se detectan a partir de los resultados del estudio.
Las encuestas y entrevistas del informe se realizaron durante los últimos días de septiembre de este año a un total de 41 participantes, donde el 51% correspondió al sector público y un 49% al sector privado.
El estudio tiene tres etapas (diseño, licitación y construcción), las que se relacionan con el desarrollo y tramitación de una obra. En la primera fase de ‘diseño’, las respuestas más comunes tuvieron que ver con el diseñador (43%), “haciéndose referencia a la inexperiencia, falta de profesionales, desconocimiento de realidad local y falta de criterio”, precisó el reporte.
Luego siguieron otras causas relacionadas con los alcances, como poca claridad o mala definición de lo requerido. Al mismo tiempo de un desconocimiento de la realidad local, falta de coordinación entre disciplinas, falta de interacción con conocimiento constructivo y falta de criterio.
Otras de los indicadores de pérdidas que se repitió tienen que ver con los profesionales del Ministerio de Obras Públicas (MOP), donde los encuestados señalaron que están poco involucrados, tienen poca experiencia, tienen poca claridad en la toma de decisiones. Por último, indicaron que el número de personal del MOP no es suficiente.
Indicaron que otro problema es que el departamento de diseño del MOP está desvinculado del departamento de construcción lo que retrasa todos los procesos.
En la etapa de ‘licitación’, la causa más relevante se relaciona con plazos de licitación. Aquí se hace referencia a que no existe suficiente tiempo para preparar una buena oferta, considerando que en muchos casos no se dispone de toda la información clara desde el principio.
Por otra parte, plantean que los procesos pueden ser mejorables, puesto que se destina más tiempo a revisión administrativa que técnica y hay una alta ponderación a aspectos económicos en relación con los técnicos, además de demoras en adjudicación.
Bases inadecuadas también es un factor que provoca pérdidas, ya que según los individuos consultados, existen errores, hay incongruencias, hay una falta de claridad en la definición de conceptos, por lo que puede haber ambigüedad. Además, señalan que las especificaciones técnicas son incompletas y poco claras.
Por último, en la etapa de construcción, entre las causas más relevantes están las externas como las peticiones en terreno, afecciones a terceros colindantes al proyecto, imprevistos o el clima. Otra categoría relevante se refiere a contratistas no adecuados, destacándose la falta de expertise, la indiferencia o la mala gestión. Las respuestas señalan que los contratistas no se anticipan a los problemas de obras, presentan malas prácticas constructivas que generan rehacer obras. En definitiva tienen una mala gestión.
Respecto a los temas medioambientales, se indican problemas que hacen referencia a la necesidad de mejorar espacios con otros usos que no son los principales de terreno. También hay trabas como los retrasos por solicitudes de la comunidad o políticas y cambios de criterio respecto del establecido en diseño.
Propuestas
Para la etapa del diseño se propone solicitar en los equipos un sub-grupo de dirección de proyecto con profesionales senior con experiencia que participe a lo largo de proyecto; generar talleres o capacitación para los consultores donde se expongan los criterios a utilizar; designar a inspectores fiscales en diseño con competencias técnicas y experiencia en proyectos y construcción; y capacitar a la administración en conceptos aplicados al diseño y requerir un funcionamiento a las empresas contratadas para este fin.
En la fase de licitación se recomienda generar un equipo asesor para la preparación de bases de licitación; designar personas responsables dentro de la administración que sigan el ciclo de vida de los proyectos; reevaluar criterios de puntuación de las ofertas, preponderando aspectos técnicos respecto de los económicos; y establecer un monto asociado a contingencias basado en un diagnóstico detallado, que será reservado y activado solamente en los casos de imprevistos justificados.
Finalmente, para la etapa de construcción, se sugiere establecer un mecanismo para tramitar las peticiones adicionales que surjan durante la ejecución de un proyecto y generar capacitación para los inspectores fiscales e inspectores técnicos, exigiéndoles posteriormente el seguimiento de estos principios a las empresas constructoras.