(Pulso) Hoy la senadora y presidenta de la Comisión especial de Recursos Hidrícos, Adriana Muñoz dará cuenta en sala el trabajo que lideró por más de un año y medio. La parlamentaria PPD ha sido la encargada de unir una decena de mociones y convertirla en una propuesta para que la Constitución considere los recursos de agua, como “esenciales” para la vida, por sobre su uso económico. “Es un proyecto con mayorías”, señala, aunque el Gobierno no ha dado su respaldo directo al proyecto.
¿Cuáles son las conclusiones del informe que presentará hoy ante la sala del senado?
Hicimos nuestra propia definición, en base a lo que hay en el Código de Aguas y que dice que el agua es un bien nacional de uso público en todos sus estados y pertenece a la nación. Establecimos que los derechos de agua en Chile se entreguen en forma de concesión, por titularidad y por un tiempo determinado que está definido en la ley, 30 años. Nosotros planteamos que el agua debe tener prioridad de uso. El uso prioritario es el consumo humano, el uso doméstico y el uso sanitario, tal como lo dice el código que está aprobado.
Desde de la CPC han acusado este proyecto de tener una “intención de expropiar” los derechos de agua ya cedidos.
No sé en qué momento se habla de expropiación. Ellos hablan que vamos a quitar los derechos de agua de lo que hoy existe. Eso no está ni en el Código de Aguas ni en propuesta de reforma constitucional. Hoy todas las empresas, industrias, las personas que tienen derecho otorgados por el Estado, todos esos derechos quedarán en manos de propiedad privada. No cambia la situación de estatutos de esos derechos. Lo que se habla, es que de aquí en adelante, lo va hacer por concesión a titularidad y por un tiempo determinado. Eso es lo que ha quedado. En ningún minuto hemos hablado de los derechos expropiatorios.
Ellos han hecho hincapié en que “los bienes nacionales de uso público, no deben ser confundidos con bienes fiscales o de propiedad del Estado”
Ellos están elucubrando, están instalando una sensación de temor para hacerlo justo un día antes que el Senado comience el debate. Creo que hay una decisión de todos los sectores empresariales, sea cualquiera el tema que tratemos. Pasó lo mismo con la Reforma Laboral, dan alertas e instalan estos miedos. No creo que ellos estén desinformados. Lo que sí, están instalando y buscando es desinformar. Quieren que las cosas sigan tal cual están. Lo más importante de la reforma al Código, de la reforma a la Constitución es que hoy debemos tener en Chile una noción, un valor de lo que es el agua como recurso esencial para la vida y que después de aquello, es un elemento de uso para la actividad productiva y económica. Hoy es al contrario. Se ha establecido el camión aljibe como una institución en el país. En la actualidad, más de 90 mil familias tienen agua todos los días en su casas, solamente por camiones aljibes. Es una vergüenza. Hay un desequilibrio que nos obliga a repensar y a reinstalar en nuestro marco normativo que el agua es un derecho humano, es esencial para la vida. Por eso, debe ser del Estado de Chile y de todos los chilenos. Lo que queremos hacer es que el agua, en medida que es un bien de uso público consagrado en la Constitución, porque el temor que ellos tienen, hoy está consagrado en el Código Civil y en el Código de Aguas, y ahora nosotros lo estamos consagrando en la Constitución. El temor de ellos es que el Estado en cualquier momento les quite el agua. Si hay una guerra, si hay una pandemia, si hay una catástrofe y no hay agua, por qué el Estado no podrá recurrir a derechos que se entregó a privados.
¿Pedirá apoyo directo al Gobierno para sacar adelante el proyecto?
Vamos a seguir nuestro cauce parlamentario. Lo que sí, es una cosa rara que este proyecto no se pueda votar como cualquier proyecto. Va a ser sólo un informe. No nos han dado el derecho a que se debata ni que tampoco que se vote. Esto se expondrá como una pieza de producción de una comisión y se mandará a Constitución. Eso indica el temor que hay en este propio parlamento de debatir sobre este tema por las presiones empresariales que hoy hemos visto. La Presidenta Bachelet presentó un proyecto idéntico a este en el 2009, que después en el Gobierno de Piñera lo retiró. Nunca más se debatió. Esto es una iniciativa nuestra, netamente parlamentaria. Si el gobierno no se quiere pronunciar y el ministro de Agricultura, Carlos Furche ha sido el abanderado en ese sentido, que no se pronuncie, pero nosotros tenemos el deber rendir el resultado de un trabajo y de abrir un debate que es muy importante que se abra.