La norma señala que los derechos de agua se constituirán en función del interés público y que se otorgarán temporalmente (30 años).

Por medio de una resolución, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad solicitar al Ejecutivo la asignación de recursos para el organismo, con el objeto de que este pueda hacer frente a las tareas que implicará la sequía en 2022.

El ex director de la DGA aseguró en EmolTV que la “institucionalidad pública tiene que ser fortalecida” y que “Australia y otros lugares, tienen un mercado de derechos de agua”.

Cosayach tenía recursos hídricos bajo una ley para pequeños agricultores y comunidades indígenas.

La minera no metálica no se quedó de brazos cruzados e interpuso otro arbitraje por el mismo caso. Ligados al proceso señalan que controversia se dilatará hasta 2018.

Gremio minero dijo estar en línea con la posición de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) respecto a la preocupación en torno al proyecto de ley.

Especialistas sostienen que poner un límite de 30 años al uso del recurso atenta contra el derecho de propiedad. A los reclamos del agro, se suman mineras y energéticas.

La parlamentaria ha sido la encargada de unir una decena de mociones y convertirla en una propuesta para que la Constitución considere los recursos de agua, como “esenciales” para la vida, por sobre su uso económico.

La iniciativa parlamentaria busca que se entienda el agua como un “bien nacional de uso público”, por lo que establece nuevos criterios para su explotación.