(Pulso) Al llegar por primera vez al piso 7 de Miraflores 178 en marzo de este año, el abogado Cristian Franz Thorud tenía en mente una serie de objetivos y tareas para la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). Entre estos, consolidar el papel del organismo y decidir en menos de una semana si apoyaba a Pascua Lama, de Barrick Gold, en su casación ante la Corte Suprema, donde el proyecto binacional espera se mantenga su multa de US$ 16,4 millones.

A la postre, la decisión del abogado de la U. de Chile fue negativa, no acompañó a la minera a la Suprema y desestimó la tesis infraccional desarrollada por el gobierno de Sebastián Piñera para el proyecto.

Franz, con más de 25 años de experiencia, tiene postítulos en Derecho Internacional Ambiental, Ecología, Responsabilidad Civil Extracontractual y Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales, obtenidos en Chile, Costa Rica y Estados Unidos, respectivamente. El superintendente ha desarrollado su actividad profesional a nivel nacional e internacional, tanto en el sector público como privado, destacando su paso por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), desempeñándose allí como Especialista Ambiental Senior en la sede del banco en Washington durante 6 años.

Con esa experiencia, el superintendente considera que el sector privado y el público deben ponerse a la altura del resto de los países de la OCDE, y anuncia que trabajarán en la elaboración de un programa nacional de cumplimiento que se actualizará todos los años.

“La idea es saber cómo está Chile en este ámbito tan relevante, sector por sector”, adelanta.

En octubre pasado, la Presidenta  Michelle Bachelet confirmó a Franz Thorud como superintendente del Medio Ambiente, tras un concurso público realizado a través del Sistema de Alta Dirección (ADP). De esta forma, y de acuerdo a la Ley del Sistema de ADP vigente, Franz desempeñará su cargo por los próximos tres años, pudiendo ser renovado su mandato hasta dos veces por igual periodo.

A pesar de aún no cumplir un año liderando la superintendencia, la labor del ‘sheriff’ ambiental ha sido ardua, culminando el proceso sancionatorio contra Bocamina II  y levantando cargos contra AngloAmerican por El Soldado y Los Bronces. En el primer caso, el regulador aplicó una multa de $2.690 millones, y en el segundo impuso un pago de US$7,6 millones.

“En el caso de los Bronces ese proceso sigue vigente y esperamos tener pronto resultados”, explica Franz, quien a pesar de su reserva, tiene absolutamente claro que este proceso sancionatorio puede ser uno de los más complejos en su carrera como superintendente, no sólo por el levantamiento de información, sino por el peso de la compañía con matriz en Londres que podría ser multada.

Antes de aplicar una sanción, la SMA debe evaluar si las faltas son gravísimas, graves o leves, y determinar las sanciones sobre la base del daño o riesgo de daño en que incurrió el titular de una Resolución de Calificación Ambiental.

¿Cuál es la evaluación que hace de la labor que ha efectuado la Superintendencia del Medio Ambiente durante este año?

Estamos en el camino trazado. Nosotros anunciamos como metas institucionales la consolidación de la institución, descentralizarla, abrir 15 oficinas en 2018. Este año tenemos la oportunidad de negociar nuevos presupuestos para la apertura de tres nuevas oficinas en Atacama, Valparaíso y Bio bio.

¿Cuáles son los sectores productivos a han levantado más cargos por infracciones a la ley de medio ambiente?

Nuestra actividad fiscalizadora, este año, se concentró mayoritariamente en el sector minero, con el 30% de las actividades de fiscalización. En segundo lugar está el sector energía, con un 20%. Compartiendo el segundo lugar está saneamiento ambiental y luego la torta se distribuye en el resto de las actividades económicas. Pesca y acuicultura es un sector que creció en relación al año anterior.

¿A qué se debe ese mayor foco en pesca y acuicultura?

Porque presenta un importante número de denuncias y organismos públicos como es el Servicio nacional de Pesca (Sernapesca). El trabajo con ellos nos ha permitido poner al día el pasivo de denuncias ambientales que había con el sector acuícola.

Ahora nos podemos poner al día con ese sector que estaba desatendido. Recordemos que la salmonicultura tiene un tercio de las Resoluciones de Calificación Ambiental vigentes en Chile: en salmonicultura hay alrededor de 4.500.

En la minería tuvieron una labor extensa este año. La SMA levantó cargos contra Anglo American por Los Bronces y calificó las infracciones como graves. ¿Cómo han sido esos procesos?

El procedimiento sancionatorio de Los Bronces está en curso, este es un asunto que partió hace un tiempo y es fruto de dos actividades de fiscalización (2013-2014) y dio lugar a la formulación de cargos. Si se configura daño ambiental en Los Bronces no tenemos otra opción que denunciarlos al Consejo de Defensa del Estado, para que éste ejerza las acciones legales pertinentes.

¿La superintendencia puede revocar el permiso ambiental de Los Bronces?

Nosotros podemos revocar la RCA en caso de infracciones graves y gravísimas. El catálogo de sanciones nos autoriza desde la revocación del permiso ambiental hasta la aplicación de multas.

La SMA aplicó una multa a Endesa por incumplimientos en la central Bocamina, en faltas que se relacionan principalmente a incumplimientos de las condiciones, normas y medidas establecidas en su Resolución de Calificación Ambiental.

Creo que fue un procedimiento llevado con mucha responsabilidad, se agotaron todas las diligencias para configurar lo que ocurrió y nuestra sanción nos dejó muy cómodos. Ese proceso fue reclamado, los alegatos ya se realizaron y dimos nuestras conclusiones.

Con Bocamina se dijo que no hay una definición clara sobre fragmentación de proyectos. ¿Qué piensa sobre esos cuestionamientos?

Yo creo que hay una definición adecuada del fraccionamiento de proyectos, que se entiende cuanto un titular lo divide para eludir su ingreso a tramitación ambiental o bien cuándo se altera el tipo de instrumento. Por ejemplo, cuando desagrega el proyecto para ir sólo con una declaración y no con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Esa definición es clara y suficiente.

Cuando a un proyecto se le hacen cambios se debe ingresar una solicitud de pertinencia al SEA. ¿Ustedes están coordinados para estar al tanto de estos cambios?

El alcance de nuestra fiscalización está dada por el concepto de instalación o establecimiento. En ese sentido, cuando planificamos una fiscalización revisamos todo el expediente de ese proyecto, o sea, todo el conjunto de documentos presentados. Para entender bien: hay proyectos con 50 permisos ambientales… Miramos todo eso, lo metemos en la juguera y analizamos la instalación en su totalidad.

La superintendencia, al pasar una multa, debe considerar la capacidad de pago del infractor. Sin embargo, hay proyectos con multiruts u operaciones divididas, ¿qué criterios usan en esos casos?

Yo creo que el criterio que hemos utilizado es el adecuado, porque cuando analizamos la capacidad de pago vemos la realidad societaria de una compañía. Por ejemplo, sólo a modo de ejemplo, si una división de Anglo American comete una falta yo tomaré en cuenta que es la empresa Anglo American, y no que es Los Bronces u otra. Sin ir más lejos, en el caso de Bocamina su capacidad económica era baja porque estaba paralizada hace un año, entonces, no podríamos haberle aplicado una multa de US$8 millones. De esta manera aplicamos la multa de Bocamina a la empresa Endesa, entendiendo que hay una empresa atrás.

Todos los abogados especialistas en medio ambiente están esperando la determinación de la Corte Suprema sobre la multa a Pascua Lama para saber si las sanciones monetarias se pueden agrupar o no. ¿Mientras tanto, qué criterio aplican la Superintendencia del Medio Ambiente?

Para mí es una infracción una multa; esto mientras la Corte Suprema no diga lo contrario. Por eso en todas las resoluciones que hemos dictado en este tiempo hemos usado esa fórmula: no existen las agrupaciones de faltas.

Pero si se la Corte Suprema respaldara esa fórmula, ¿la multa de US$16 millones a Pascua Lama aumentaría exponencialmente?

Puede ser.

A las empresas le preocupa la caducidad de las RCA. ¿Qué rol cumplirán ustedes, dialogarán con el titular, escucharán al Servicio de Evaluación Ambiental o comenzarán a anular permisos ambientales a discreción?

El Servicio de Evaluación Ambiental es la primera ventanilla de análisis. Ellos nos harán un requerimiento si notan que una empresa que entrega información sobre sus proyectos sea insuficiente, le merezca duda o existan reparos. Ahí no actuamos de oficio.

También hay un instructivo que habla de las hipótesis de inactividad. Si una empresa ha realizado gestiones como la solicitud de un permiso, eso será visto como una gestión útil para gestar un negocio y ahí no habría caducidad.

Llamó la atención la intervención de la SMA en el autódromo de Codegua, por cuanto siempre se piensa que ustedes están en minería o energía.

El proyecto de Codegua tiene una RCA en situación de incumplimiento importante y producto de eso pone en riesgo la salud de la población de Mostazal y Codegua. Nos pareció que era una solicitud de la comunidad al respecto. Yo no quiero que la gente piense que sólo fiscalizaremos sólo mega proyectos, por eso a nadie debería llamarle la atención que fiscalicemos otro tipo de proyectos como este autódromo

Y ahora volvieron los proyectos inmobiliarios…

Esos proyectos que volvieron a ingresar también formarán parte de nuestra carpeta de fiscalización y lo haremos con el mismo rigor que un proyecto grande.

En el proyecto de ley de ENAP se dice que ellos tendrán mayor facilidad para gestionar proyectos ambientales ante el SEA. Desde la otra vereda, ¿usted cree que las empresas públicas deben tener un trato diferente por parte de la institucionalidad ambiental?

Ninguna. Al momento de las sanciones yo no diferencio entre empresas públicas o privadas. En el caso del derrame de ENAP nosotros no sancionamos porque la ley no lo permite, ya que el trasvase de petróleo no cuenta con una RCA. Si hubiera existido ten la seguridad que nosotros hubiéramos sido los primeros en sancionar a ENAP. En general no hacemos diferencias. Sin ir más lejos este año multamos al MOP por $1.000 millones por el incumplimiento de una carretera en la IV Región.

En la Reforma Tributaria ustedes tienen un papel clave en la cuantificación de los impuestos verdes, ¿cómo será su rol?

Para determinar el monto del impuesto hay que determinar el monto de las emisiones o la cantidad. Nosotros somos los responsables de entregar al Ministerio de Hacienda y al Servicio de Impuestos Internos el dato acumulado anual de emisiones de CO2 emitidas a la atmósfera.

¿Pero cuál será la modalidad para las empresas, por ejemplo, para las centrales termoeléctricas?

Se hará con los mismos registros que se toman en la boca de la chimenea con los equipos de control y monitoreo continuos de emisiones (CEMS). Estos están instalados en todas las termoeléctricas del país.

Estos mismos CEMS servirán para controlar el cumplimiento de la norma de fundiciones. Esos reportes nos llegan a nosotros.

En cuanto a la reforma, nosotros estamos preparados para entregar los caudales de emisión que se requiera. Ahora, probablemente podemos firmar un convenio con Impuestos Internos.

Se ha dicho del rol de la Superintendencia del Medio Ambiente: promover el cumplimiento o bien el garrote.

Es una moneda de dos caras: debemos ser capaces de promover la auto denuncia y del uso de programas de cumplimiento. Hemos realizado talleres de asistencia de cumplimiento.

La gente de la Sociedad Nacional de Minería y la Asociación de Generadoras, entre otros, nos ha pedido talleres, por eso hay diferentes fórmulas. Pero eso no quiere decir que renunciaremos a nuestra principal labor que es fiscalizar y sancionar, no hay mejor disuasivo que una sanción y una fiscalización. No tenemos complejos ni pudores en aplicar multas altas cuando corresponda.

¿Considera que han sido muy exigentes?

Hay imposiciones a los actores del mercado. En el caso de la OCDE, éste organismo nos impone estándares para estar a la altura de ese desafío.

Se están elaborando estadísticas de cumplimiento y se realizan indicadores para saber cómo estamos, realizando todas las estadísticas que tenemos que hacer. También estamos realizando un muestreo de qué sectores tienen las mejores cifras de cumplimiento y cuál es el estándar en Chile.