(La Tercera) Si las sesiones de la Comisión Investigadora del caso cascadas en la Cámara de Diputados han estado marcadas por las dispares posiciones de los legisladores, ayer la tensión llegó al máximo.
Luego de que los últimos invitados (Julio Dittborn, ex subsecretario de Hacienda; Pedro Gutiérrez, director de Moneda S.A.; Raimundo Labarca, abogado de Julio Ponce y Cristián Rodríguez, gerente general de la AFP Habitat) se excusaran de asistir al encuentro, la Comisión decidió tomar algunas medidas para avanzar en la materia.
Entre ellas hubo una que abrió los fuegos: enviar un cuestionario al ex Presidente de la República, Sebastián Piñera y se dieron como plazo hasta el próximo miércoles para redactar las preguntas.
La votación fue unánime y estuvieron presentes en la cita los diputados Osvaldo Andrade (PS), Fuad Chaín (DC), Daniel Farcas (PPD) y Marcela Hernando (PRSD), quien reemplazará a Marcos Espinosa de forma permanente.
Poco después de la votación llegó el diputado Nicolás Monckeberg (RN), quien se indignó por la forma en que se hizo la votación y el resultado de ésta.
“Una Comisión Investigadora jamás debe prestarse para hacer eco de una parte acusada… Lo que están haciendo es manipularla para fines políticos y para hacerse eco de una parte acusada”, dijo y agregó que el principal argumento para intentar defenderse por parte de las empresas cascada es involucrar al ex Presidente Piñera. “Involucrarlo sólo contribuye a la defensa de las empresas cascadas”, comentó.
Al respecto, el diputado Andrade señaló que la comisión había planteado citar a Piñera, pero dada su anterior investidura él (Andrade) había propuesto enviar el cuestionario al ex mandatario, atendido a que en la sesión del 8 de octubre Patricio Phillips, ex director de sociedades cascadas apuntó a su eventual participación.
El grupo investigador también acordó pedir una prórroga de 30 días a la sala para continuar con la investigación; invitar a todos los directores de las empresas cascadas para que comparezcan y también a la empresa de comunicaciones de Soquimich. Un cuestionario también sería enviado a Julio Dittborn.
El diputado Fuad Chaín dijo al respecto que “es nuestro deber tratar de poder conocer la versión del ex presidente y lo hemos hecho de la manera menos hostil posible”.
CDE responde a Ponce
En otro plano, el Consejo de Defensa del Estado respondió el recurso de reclamación que interpuso Julio Ponce en contra de la Superintendencia de Valores y Seguros de la siguiente forma: “Mi parte no puede admitir que se acepten expresiones que rayan en la injuria y la calumnia, o que veladamente afirman prácticamente que los funcionarios de la SVS han actuado de forma parcial, arbitraria o han faltado a la verdad en su labor”.
El Consejo, que defiende a la SVS en el caso, aseguró que pasajes y oraciones del texto contienen “imputaciones inaceptables” en un debate jurídico, con “expresiones que no se condicen con el respeto y buen trato que todo litigante debe observar”.
En cuanto a que el superintendente Carlos Pavez habría mentido por haber negado en la Comisión Investigadora de la Cámara Baja que no participó en la investigación de los hechos cuando fue jefe del Área de Cumplimiento de Mercado de la SVS, el Consejo fue categórico.
“No existe tal mentira, pues dicho funcionario (…) se limitó a enviar oficios a las corredoras de Bolsa en la etapa de información previa”, dijo la entidad. En ese sentido, aseguró que Pavez no alcanzó a tener a la vista dicha información, por lo cual tampoco pudo analizarla ni “mucho menos haber participado en la elaboración de los oficios de formulación antes de abandonar tal cargo”.