El Primer Tribunal Ambiental escuchó las declaraciones y los alegatos por la afectación al acuífero y bofedal Lagunillas, ubicado en el sector del altiplano de la Región de Tarapacá.

Ante la demanda interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado, la compañía informó que extrae 212,75 litros por segundo de este acuífero, lo que según los estudios más conservadores equivale a la mitad de la capacidad de recarga de esta subcuenca. 

Se trata de un libelo interpuesto por el CDE, debido a la extracción continua de recursos hídricos desde el Acuífero de Monturaqui-Negrillar-Tilopozo, lo que ha provocado una disminución mayor a la  que pueden soportar los sistemas vegetacionales del sector de Tilopozo.

Causa fue presentada por un vecino de la localidad de Choapa Viejo, por lo que considera “reiterados incidentes de contaminación” producto de derrame de mineral en el sector de la planta Booster o estación de molienda y bombeo del concentraducto.

Se trata de una acción presentada por la Comunidad Indígena Atacameña de Peine por lo que aseguran es el daño provocado en el sector de Tilopozo debido al uso desmedido de agua desde el acuífero Monturaqui-Negrillar-Tilopozo, ubicado en la comuna de San Pedro de Atacama.

De acuerdo a la agrupación, el SEA no habría respetado el derecho a participación ciudadana en la evaluación del proyecto, a pesar de que fue solicitada por tres agrupaciones de la comuna.

La reclamación tiene como fundamento central que en la evaluación del proyecto, el SEA no consideró a los pescadores como afectados por los futuros impactos ambientales que produciría la modernización del puerto.

La minera señaló que está analizando los alcances de este nuevo régimen sobre la operación.

Ello, luego de que el Primer Tribunal Ambiental anunciara una visita a las instalaciones de Serviport y del Terminal Marítimo Puerto Caldera, TMPC, en el marco de la reclamación interpuesta por la ONG Atacama Limpia en contra de la Superintendencia de Medio Ambiente.

La diligencia judicial se efectuará este lunes 31 de enero y estará a cargo de la ministra presidenta del Primer Tribunal Ambiental, Sandra Álvarez Torres.