(El Mercurio) Pese al retiro de ocho delegados de comunidades mapuches de la Región Metropolitana y a protestas de dirigentes rapanuís en la Isla de Pascua y de asociaciones aimaras en Arica, que cuestionaron la legitimidad del proceso, el Ministerio de Desarrollo Social dio por validada la jornada nacional de consulta indígena que concluyó en San Esteban, Región de Valparaíso.
Hubo una aprobación mayoritaria, por parte del resto de los 153 delegados de las siete etnias originarias reconocidas en el país, al acta de consenso alcanzada a partir del anteproyecto de ley formulado por el Ejecutivo y las observaciones planteadas durante el largo proceso de consulta, que partió en septiembre pasado.
«Nuestra intención es enviar el proyecto de ley que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas el primer semestre de este año. Ello dependía de si había o no acuerdo. Los disensos fueron marginales, así que podemos adelantar el proceso. Sería muy bueno que pudiéramos hacerlo en marzo», aseveró la ministra de Desarrollo Social, María Fernanda Villegas.
La jornada que se vivió ayer y el viernes en el lodge San Francisco de San Esteban puso fin a un proceso iniciado hace cinco meses, en cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, que obliga a consultar a los pueblos originarios las medidas administrativas o legales que les afecten.
La consulta partió en septiembre, en 58 localidades que luego se ampliaron a 122, con presencia de población aimará, quechua, atacameña, colla, diaguita, rapanuí, mapuche, yagán y kawasqar a lo largo del país.
La convocatoria fue realizada a 5 mil comunidades y asociaciones indígenas registradas en la Conadi, mediante carta certificada, insertos y difusión en la prensa. Ellas debieron discutir internamente sus resoluciones y 900 dirigentes designaron a 153 delegados que debían representar sus posturas en la asamblea final que tuvo lugar en la apartada hostería, ubicada en la precordillera, a 12 kilómetros del pueblo de San Esteban.
El proyecto de ley presentado a la consideración de los pueblos indígenas consta de 14 artículos y cuatro disposiciones transitorias. Recogiendo la observación de los delegados, se cambió el nombre del ministerio de «Asuntos» a «Pueblos Indígenas». Otra de las observaciones de los delegados fue cambiar el verbo rector «velar» por otro menos paternalista, al asignar al ministerio la tarea de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en los instrumentos internacionales ratificados por Chile en materia indígena.
El texto le asigna la tarea de planificar, desarrollar y coordinar la ejecución de las políticas y medidas especiales que aseguren a los pueblos indígenas gozar, en igualdad de condiciones, de los derechos y oportunidades que la ley ofrece a los demás miembros de la población.
Cuestionamientos
El proceso no estuvo exento de conflictos, que se registraron hasta la jornada final. En la mañana de ayer, ocho de los 15 delegados de la Región Metropolitana abandonaron el salón plenario, negándose a concurrir con sus votos a la aprobación del acta que dio por consagrado el acuerdo entre las etnias y el Estado, sobre objetivos, competencias, atribuciones y organización del futuro ministerio de Asuntos Indígenas y de un comité interministerial de la misma materia.
«Nuestras propuestas no fueron tomadas en cuenta. Se están vulnerando los derechos indígenas», reclamó el dirigente de la comunidad mapuche Antu Paiñaku de Puente Alto, Juan Llankamán, que propugnaba por una redacción más directa sobre las obligaciones del nuevo ministerio.
Junto al werkén de Quilicura, Leftaro Coliñir; al machi Manuel Lincovil y a los dirigentes Raúl Félix Queupul, Samuel Melinao, Juana Cheuquepán, Marcela Lincovil y José del Tránsito Hueche Carcamán, acusaron al Gobierno de imponer dirigentes indígenas que provenían de «secretarías políticas», en vez de líderes ancestrales para contar con los votos -que se expresaban en la asamblea a mano alzada- para aprobar sus propuestas.
A través de tres de las asociaciones indígenas que representan (Kallfulican, Llug-Kym Hue-Harria y Kiñe Pu Liwen) anunciaron que interpondrían un recurso de queja ante la Corte Suprema para validar un recurso de protección, cuya admisibilidad fue rechazada por la Corte de Apelaciones de Santiago, y en el que reclaman que la consulta indígena vulneró el Convenio 169 de la OIT.
Desde el Ministerio de Desarrollo Social señalaron que esta posición disidente se debió a que la asamblea rechazó su petición de extender los plazos de la consulta, con la finalidad de entregar propuestas fuera de plazo.
La ministra Villegas aseguró que la consulta cumplió todos los estándares del citado acuerdo internacional. «Este exige que la consulta sea previa y que debemos actuar de buena fe. Nosotros vamos a bregar por que el proyecto de ley refleje los acuerdos aquí plasmados», aseveró. «Como en todo proceso democrático, está el derecho a retirarse del procedimiento y luego reincorporarse», añadió, al hacer referencia a que aún estaba pendiente el pronunciamiento de los delegados sobre la composición y atribuciones del Consejo de Pueblos Indígenas. Hasta anoche, la discusión en este punto se centraba en el planteamiento del pueblo mapuche de una representatividad proporcional al peso poblacional, mientras que otras etnias eran partidarias de asignar a cada uno de un total de nueve consejeros.
Pero en Isla de Pascua también hay cuestionamientos a la legitimidad de la consulta indígena. Ocho clanes y la organización Parlamento Rapa Nui reclaman que la designación de los cuatro delegados de la etnia fue realizada en «una reunión a puerta cerrada», donde participaron 40 personas. Alfredo Tuki, el delegado que firmó el acta que aprueba el ministerio, admitió que las críticas son razonables, pues la designación fue «realizada a última hora» y responsabilizó a autoridades locales de no haber difundido a tiempo la convocatoria.
Asimismo, una «asamblea autoconvocada de pueblos aymara, mapuche y quechua de Arica» envió una carta a la Presidenta Bachelet reclamando un manejo político en la designación de delegados, lo que fue rechazado por los delegados aimaras a la jornada final de la consulta.