Los diputados Osvaldo Urrutia, David Sandoval y Andrea Molina, presentaron una moción que modifica la ley N° 19.300, en el sentido de aumentar los plazos para declarar que el estudio o declaración de impacto ambiental carece de información relevante y establecer instancias tempranas de reclamación.
Según consigna el portal de la Cámara Baja, los autores de la moción señalan que en el último tiempo ha sido posible apreciar que la oposición a ciertos proyectos que pueden impactar negativamente el medio ambiente, por parte de comunidades o grupos de personas con legítimos intereses, ha significado el retraso o rechazo de proyectos. Agregan que lo anterior es más evidente frente a proyectos que llevan años de tramitación y que incluso con el otorgamiento de autorizaciones administrativas, deben posteriormente enfrentar serios reveses judiciales.
Ante esta situación, los parlamentarios indican que existe consenso en que parece positivo intentar evitar que ocurran litigios judiciales respecto de proyectos en etapas avanzadas de evaluación o incluso ya totalmente resueltos administrativamente. Pero, plantean, no se trata de evitar la litigiosidad en materia ambiental, porque muchas veces será necesario recurrir a ella para salvaguardar los intereses de aquellos más débiles frente a los efectos que acarrean los grandes proyectos de inversión.
En ese sentido, la modificación propuesta busca otorgar acceso a la justicia ambiental a los interesados en etapas tempranas y antes que los proyectos avancen en el procedimiento de la evaluación ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
Alcances de la propuesta
El proyecto en trámite propone aumentar de 40 a 90 días el plazo para que la autoridad ambiental revise el proyecto y resuelva cerrar el procedimiento por falta de información en el caso de Estudios de Impacto Ambiental y de 30 a 60 días tratándose de Declaraciones de Impacto.
Además, establece una instancia de apelación de cinco días a esta resolución, recurso que deberá resolverse dentro del plazo de veinte días. En contra de la resolución que resuelva este recurso existirá una instancia de reclamación ante el Tribunal Ambiental competente, en el plazo de 30 días.