(La Tercera) Los contactos que el ex senador Pablo Longuiera sostuvo con el ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, mientras se discutía el proyecto de royalty minero y los nuevos antecedentes que darían cuenta de la intervención del ejecutivo de la minera en la redacción de la iniciativa del gobierno de Sebastián Piñera, aumentaron la presión de RN para que la UDI se pronuncie sobre el caso, generando un escenario de crisis al interior de Chile Vamos.
Luego de que el lunes Ciper revelara correos donde el ex gerente remite a Longueira una propuesta para modificar el proyecto del gobierno y que ésta quedara recogida en la ley aprobada por el Congreso (ver nota secundaria), RN emplazó con especial dureza al gremialismo a tomar medidas.
En dos oportunidades, el presidente de RN, Cristián Monckeberg, comparó ayer las acciones tomadas por su partido con militantes vinculados al caso Penta-SQM -suspendió la militancia de Alberto Cardemil y Claudio Eguiluz – , frente a la doctrina de prescindencia adoptada por la UDI.
“No hay que meter la basura bajo la alfombra”, afirmó Monckeberg. “Aquí están algunos que han tomado la decisión de asumir y sancionar políticamente estos casos. Y otros que legítimamente han optado por una situación distinta. Yo prefiero estar en la primera”, agregó.
Desde el mismo partido, el senador Manuel José Ossandón encendió aún más el debate al señalar que, de no haber un cambio de actitud, RN deberá evaluar su permanencia en el bloque.
“Chile Vamos tiene que obligar a la UDI a tomar medidas sobre los implicados y de no tomarlas, Renovación Nacional tiene que evaluar su permanencia en la coalición”, advirtió.
Durante la jornada, el presidente gremialista, Hernán Larraín, refutó con dureza los emplazamientos de sus aliados políticos.
“He podido apreciar, incluso a destacados dirigentes de RN, que desde la superioridad moral determinan lo que nosotros tenemos que hacer”, dijo Larraín visiblemente molesto. “Creo que en esas materias he aprendido a actuar con mucha humildad, a no dar pautas a nadie, a no decirle a otros lo que tienen que hacer, porque estas son materias muy delicadas, particularmente cuando se trata del honor de las personas”, finalizó.
Por su parte, el presidente de Evópoli, Felipe Kast, pidió transparencia. “Tal como lo planteamos antes, nos parece que los antecedentes conocidos entre SQM y Longueira requieren ser abordados con total transparencia y de frente a la ciudadanía. Es la única forma de devolverle la credibilidad a la política”, dijo.
Longueira alista declaración pública
En paralelo, la directiva UDI evitó respaldar a Longueira y marcando un cierto giro frente a la postura que ha tomado frente a otras investigaciones judiciales que han afectado a militantes de su partido (como Jovino Novoa y Jaime Orpis), llamó al ex senador a aclarar sus vínculos con SQM.
El propio timonel gremialista informó públicamente haber pedido que Longueira entregue explicaciones públicas.
“Dado el impacto público de la información de ciertos hechos, le he pedido a la defensa de Longueira que tenga a bien dar una aclaración pública sobre los hechos”, señaló ayer Larraín desde el Congreso.
El timonel aseguró haber hablado con el entorno del ex ministro para que se haga una declaración al respecto, agregando que, a su juicio, “el país se lo merece”.
Anterior a él, los diputados UDI José Antonio Kast y Jaime Bellolio habían hecho un emplazamiento similar que, según explican fuentes de la tienda, no había sido bien recibido por Longueira.
Sin embargo, durante la tarde de ayer, cercanos al ex ministro de Economía explicaron que había tomado la decisión de entregar su versión de los hechos. Y que sería él mismo quien, en un plazo máximo de 48 horas, aclararía sus vínculos con el ex gerente de la minera.
Pese a que hasta anoche no había claridad respecto del formato y el contenido de dicha explicación, en el entorno del ex ministro se comentaba que Longueira ha transmitido que los correos de Contesse eran sugerencias habituales que distintos actores realizan durante la tramitación de proyectos legislativos. Y que el respaldo a los cambios al proyecto apuntaba a que las medidas provocarían un aumento en la recaudación fiscal que ayudaría a la reconstrucción del país tras el terremoto y tsumami de febrero de 2010.
Con todo, ayer el fiscal a cargo del caso SQM, Pablo Gómez, confirmó que uno de los delitos que persigue en torno a las vinculación de Longueira con la minera no metálica, es la figura del cohecho (ver entrevista). Esto a partir del pago de cerca de $730 millones de parte de la minera a personas vinculadas al también ex candidato presidencial.