(Pulso) En el periodo en que Ponce ha sido el controlador de SQM a través del Grupo Pampa o sus sociedades cascada, la compañía ha recibido mayoritariamente rechazos en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en que ha sido requirente en el Tribunal Constitucional (TC).
De hecho, son al menos 50 requerimientos que han sido declarados inadmisibles, todos ellos entre 2010 y 2014, aunque 47 son de 2013. La materia de estos requerimientos que SQM ingresó al TC son, casi en su totalidad, por litigios en torno a concesiones mineras.
Por otro lado, en al menos otros 10 requerimientos donde esta vez SQM ha sido la requerida o acusada por terceros en temas de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, la compañía de Julio Ponce ha salido airosa, dado que tales requerimientos en su contra han sido rechazados.
La mayoría de las ofensivas constitucionales estaban comandadas por sociedades mineras ligadas al empresario Francisco Javier Errázuriz Ova-lle, que alegaban problemas por mensura de terrenos y pertenencias mineras.
Sin embargo, en el terreno del caso cascadas, donde el regulador de valores local interpuso millonarias multas a Julio Ponce y a otros ejecutivos ligados a las sociedades cascadas, el Tribunal Constitucional acogió todos los requerimientos y anuló la disposición legal que permitía al regulador cursar multas por hasta el 30% de una operación irregular.
Julio Ponce, Leonidas Vial, Roberto Guzmán Lyon, LarrainVial, Manuel Bulnes y Felipe Errázuriz han ganado esas causas en el TC, lo que significa que sus multas se rebajarán en los tribunales a un máximo de US$ 3 millones para cada acusado, en contraposición a los hasta casi US$ 80 millones que pretendía imponer la ex SVS -hoy Comisión para el Mercado Financiero- en los casos más altos.