(La Tercera) La renuncia de los tres defensores del ex senador socialista Carlos Ominami, se oficializó el 3 de febrero pasado. Un escrito ingresado en el Octavo Juzgado de Garantía selló la salida de Alejandro Espinoza, Joanna Heskia y Hernán Soto del equipo a cargo de diseñar su defensa para afrontar los cargos que la fiscalía le imputará en el caso SQM.
Además de la defensa de Carlos Ominami, el abogado Espinoza representa dentro de la misma investigación- al senador Fulvio Rossi (PS) y al ex ministro Pablo Longueira (UDI).
El 9 de marzo, Ominami será formalizado por delitos tributarios asociados al presunto financiamiento irregular de campañas políticas. A diferencia de otros imputados en la causa, a Ominami no se le levantarán cargos por un delito común.
En su caso, la fiscalía le imputa “concertarse” con SQM para que la firma presuntamente incluyera en su contabilidad de forma maliciosa créditos IVA, y de esta forma se evadieran impuestos. La pena asociada a este ilícitos comienza en los tres años y un día, y puede llegar hasta los 10 años de cárcel. El término del vínculo entre Ominami y sus abogados, llevó a que el tribunal derivara -por oficio- el caso a la Defensoría Penal Pública.
El abogado Mario Palma fue el nombre que preliminarmente se seleccionó para defender al otrora legislador.
Consultado sobre su situación judicial, el ex senador dijo que “con Alejandro Espinosa decidimos llegar hasta ahí, entendiendo que se abre una nueva etapa respecto de la cual tenemos visiones estratégicas que son distintas”.
De acuerdo con Ominami, uno de los factores que incidió en la salida del equipo de abogados fue su disímil visión del caso. También, dijo, “me pareció que lo más razonable es tener confianza en las instituciones y pedirle a la Defensoría Penal Pública que me sustente en mi esfuerzo por defenderme y esa es la decisión que yo he tomado. He conversado con el defensor nacional y lo que él ha hecho, es derivarme a la Defensoría Regional”.
Agregó que su representación recaerá en el abogado Carlos Mora. “Va a tomar mi defensa. Yo he estado conversando con él y trabajando con él”, dijo.
Entre los casos que defendió el abogado Carlos Mora, está el de Luciano Pitronello, quien en 2011 resultó con graves heridas al estallarle la bomba que transportaba a un banco. El joven fue condenado a seis años de libertad vigilada.
Respecto a las razones por las cuales decidió recurrir a la Defensoría Penal Pública, en vez de optar por una defensa privada, Ominami aclaró que “no soy rico, pero tampoco soy pobre; por lo tanto, voy a pagar. Los aranceles para el caso de las personas que tiene los medios, están establecidos. Y como yo estoy dispuesto a ir a juicio oral, el juicio oral tiene un costo, si no me equivoco, cercano a los $ 3,5 millones. Y para que quede establecido en medio de este ambiente tóxico en el que estamos, no estoy yéndome a la Defensoría para evitar pagarme abogados”.