(Diario Financiero) La idea de la sedición al interior de la administración de SQM en contra del controlador de la minera, Julio Ponce, está más que instalada. De hecho, cercanos a la actual primera línea de la compañía señalan que las últimas jugadas de sus principales ejecutivos apuntan a dar un giro en la enredada trama destapada por la arista SQM, derivada del pago de platas políticas.
La apuesta, en principio, es que la actual administración sea ratificada en la junta de accionistas, pero esta vez no bajo el amparo de Ponce, sino que de los minoritarios ¿Cómo? Dicen sus cercanos que con el apoyo de PCS (que debiera poner a tres directores), el fondo Sailing Stone (que con el 14% de la propiedad puede instalar a un representante en la mesa) y los ADR (que hasta el momento votaban a favor del controlador), además de otros institucionales a quienes el mismo Patricio de Solminihac habría contactado para presentar todos los antecedentes del caso, tratando además de demostrar su total independencia de las filas de Ponce, pese a que ha trabajado en la compañía durante buena parte de la era Contesse.
Además, buscan dejar en claro que las prácticas cuestionadas no corresponden a una política de la empresa, sino que fue algo circunscrito a personas puntuales.
Según comentan conocedores del proceso, todos se han mostrado receptivos, incluso, los representantes de los tenedores de ADR –a diferencia de otras oportunidades en que la compañía se ha visto envuelta en conflictos entre accionistas o tras el escándalo del Caso Cascadas-, quienes esta vez proactivamente han pedido información a la administración sobre los cuestionamientos derivados de las platas políticas, lo que sería interpretado como una señal de descontento contra el controlador.
En el caso de PCS, aunque desde Canadá dicen que aún no han decidido cómo enfrentarán el próximo directorio, fuentes allegadas señalan que escuchan cautos el discurso de la nueva administración, incluso hay algunos que aseguran que ya están buscando nombres para presentar el día de la asamblea anual, pero que de todas maneras dentro de la terna estaría el abogado José María Eyzaguirre.
Por el lado de Sailing Stone los nexos están hechos, pero aún no habrían concretado una reunión. La apuesta ahí es sumar un nuevo voto, pero en todo caso tampoco les garantizaría la mayoría, que siempre va a estar supeditada a «dar vuelta» a uno de los cuatro representantes de Ponce en la mesa, y es ahí cuando la eventual estrategia de la administración tiene su límite. Aunque desde su círculo de cercanos señalan que -al menos- uno de sus integrantes, Wolf von Appen habría manifestado su incomodidad por la exposición y los ribetes que ha tomado el caso, particularmente por la formulación de cargos que realizó hace algunos días la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). Los mismos rumores han surgido en torno a Juan Antonio Guzmán.
Otros frentes
Pero el gobierno corporativo no es el único frente que pretende atacar la primera línea ejecutiva de la minera, donde junto a De Solminhac también está el vicepresidente de Finanzas y Desarrollo, Ricardo Ramos. De la mano de esta maniobra, la colaboración con el Ministerio Público no sería fortuita. Según cercanos a la administración, buscan acelerar el proceso de formalización y la no prescripción de los casos con el objetivo puesto en nuevos escollos para el controlador y su ex mano derecha, Patricio Contesse.
Otro tema que también están trabajando es en el empoderamiento interno de la primera línea ejecutiva. La idea, dicen conocedores, es dotarlos de mayor control de sus equipos y poder de fiscalización. De hecho, desde que asumió De Solminihac algo que se ha visto reforzado son los llamados a toda la dotación para denunciar en forma anónima las malas prácticas o prácticas sospechosas que se detecten.
A lo anterior también obedece el cambio en los procesos para el pago de facturas y boletas que terminaron con el fin de más de 50 contratos de asesorías que estaban vigentes y que no eran del core del grupo minero.
Al interior de la firma, aseguran que la idea es dar una señal de transparencia total y permear eso hacia la opinión pública porque, dicen, en materia operacional, la compañía se mantiene en condiciones normales.
Las cartas están echadas y según entendidos, la administración se juega el todo o nada. Esto porque es altamente probable que su estrategia no llegue a buen puerto y junto con ello, además De Solminihac podría enfrentar una eventual formulación de cargos ante la SVS, también por no informar al mercado en forma oportuna de los alcances del caso, lo que derivó en primera instancia en la formulación en contra de los directores, procedimiento que aún no se habría zanjado.
Las cartas de Ponce
Desde la otra vereda. Dos de las características que distinguen a Julio Ponce Lerou es la de adelantarse a los escenarios futuros que pueda enfrentar y ser un reconocido estratega. Ambas cualidades han sido fundamentales para mantener el control del directorio de SQM, y también para contar con las herramientas necesarias para defenderlo en los momentos de mayor tensión, como el actual.
Y hasta el momento, se podría decir que la Ley de Mercado de Valores y la de Sociedades Anónimas le juegan a favor. Después de todo, más allá de la intencionalidad que le pueda dar cada parte a los hechos que hoy han puesto nuevamente a Ponce Lerou en el ojo del huracán, lo cierto es que las interpretaciones tienen todas las de perder.
Al pie de la letra
El 18 de marzo pasado, PCS emitió un comunicado informando sobre la renuncia de los tres directores que fueron elegidos con sus votos, Wayne Brownlee, Alejandro Montero y José María Eyzaguirre. Esto, de paso, dio oportunidad a los estudios de abogados en EEUU para presentar varias demandas colectivas en contra de la minera no metálica, por parte de los inversionistas que compraron ADR durante el tercer mes del año.
Y en caso de que los recursos fueran exitosos en los tribunales norteamericanos (que se caracterizan por el gran número de fallos a favor de consumidores e inversionistas) y SQM se viera expuesta a pagar millonarias compensaciones, lo cierto es que ese dinero podría salir del bolsillo de los canadienses. La razón está en que fue la salida de los integrantes de la mesa la que desencadenó una de las peores caídas de las acciones serie B de SQM que se recuerde en la bolsa: el 18 de marzo cerró en $ 11.752 cada una, en circunstancias en que el día anterior habían terminado la jornada en $ 14.168 por título. Es decir, en algunas horas la compañía perdió casi US$ 460 millones de capitalización bursátil, y los accionistas debieron enfrentar una caída de 17,05%.
Así, el empresario podría a su vez demandar a PCS, debido a que la estrategia le generó un claro perjuicio a la empresa y a los inversionistas. Esto, a pesar de que la investigación del Ministerio Público aún está lejos de terminar. Y de hecho, en estricto rigor, a fines de febrero fue el propio Ponce Lerou quien convocó a un directorio extraordinario, cuando la polémica por las boletas pagadas por Patricio Contesse comenzaba a afectar tanto a la Nueva Mayoría como a la Alianza, para crear un comité ad hoc para que estudiara los antecedentes.
Por otro lado, la caída en el precio de los títulos también le significó al presidente de la compañía salir a comprar varios millones de dólares en acciones de SQM-B, ya que la estructura de propiedad de SQM «cascadas arriba» se sostiene en bonos cuyas garantías están en sumas atadas al valor de estos títulos.
Finalmente, el comunicado de PCS deja en evidencia que la compañía retiró a «sus» directores de la mesa, en circunstancias en que la ley chilena señala que al momento de ser elegidos, los integrantes dejan de responder a quien les entregó sus votos y pasan a ser responsables por perseguir el bien social de la empresa.
Chahuán suma nueva fiscal a su equipo
Una nueva integrante tendrá el equipo que encabeza el fiscal nacional Sabas Chahuán para investigar los casos Penta y SQM. Se trata de Carmen Gloria Segura, quien integra la Fiscalía desde los comienzos de la reforma, en el año 2000. La mayor parte de su trayectoria -14 años- los desarrolló en la Región de Coquimbo y uno en la Regional Metropolitana Centro Norte.
La alta carga de trabajo que tiene el equipo -que integran Carlos Gajardo, Pablo Norambuena y Emiliano Arias- explica la incorporación.
Pero no es el único, ya que Segura es especialista en delitos de corrupción, lavado de dinero y crimen organizado, por lo que algunos ya comentan que su experiencia será de especial ayuda en la investigación.
El caso Serrano en 2014 fue uno de los más emblemáticos en los que la profesional ha participado.
Declaraciones de De Solminihac y Ramos apuntarían a acelerar la investigación
Por casi nueve horas estuvo ayer en la Fiscalía Nacional, el nuevo gerente general de SQM, Patricio de Solminihac. El ejecutivo llegó cerca de las 8 horas acompañado del abogado Hugo Rivera, que forma parte de su equipo jurídico, y declaró ante los fiscales Carlos Gajardo y Emiliano Arias.
Conocedores del testimonio explicaron que el ejecutivo entregó una serie de antecedentes como se había comprometido la semana pasada, entre los cuales figurarían respaldos a algunos de los pagos que la minera entre 2009 y 2014 y que están siendo cuestionados.
El ejecutivo, que asumió en reemplazo de Patricio Contesse, tiene un equipo de abogados encabezado por Carlos Cortés, quien tomará más protagonismo si es que es formalizado, y Rivera, quien lo acompañó porque la declaración entregada abordaba temas que son más bien administrativos.
Aunque en un principio se había pensado hacer la declaración durante la tarde de ayer, debido a que se preveía que podía tomar muchas horas, se decidió adelantar para la mañana.
En ese contexto, los documentos entregados por De Solminihac apuntarían a acelerar el proceso de investigación que lleva adelante la Fiscalía, colaborando a clarificar algunos pagos.
El interés de esto para el organismo público es evitar que algunos de los eventuales delitos prescriban, mientras que para la empresa esto permitiría bajar la presión pensando en la junta de accionistas del próximo 24 de abril, fecha en la que ya podrían haber nuevos formalizados, según estaría evaluando la fiscalía.
Esta estrategia será complementada hoy con la declaración del vicepresidente de Finanzas y Desarrollo, Ricardo Ramos, citado para las 9 horas.
El testimonio apuntaría a clarificar cómo estos pagos se saltaron los procesos de control interno de la empresa, los rastros o «huellas» de quiénes los hicieron y, en definitiva, intentarían demostrar que se evadieron los procedimientos, con lo cual estos movimientos no fueron necesariamente conocidos por ellos ni por otros ejecutivos de la empresa.
Conocedores del proceso, dicen que desde que asumió De Solminihac y tomó la decisión de colaborar con la Fiscalía, la búsqueda de antecedentes para transparentar el tema ha sido frenética. De hecho, se habrían encontrado algunos respaldos de los pagos cuestionados.
Estos aportes podrían ser determinantes para el futuro de los ejecutivos en el marco de la investigación.