(El Mercurio) Julio Ponce Lerou, presidente de SQM, ha seguido atento cómo la investigación por el posible financiamiento irregular de campañas políticas pasó de una fiscalía a otra, para -finalmente- quedar en manos de Sabas Chahuán, el fiscal nacional. La llamada «arista SQM» del caso Penta tiene en vilo al controlador de la principal minera no metálica de Chile y una de las mayores del mundo, pues se investiga la existencia de decenas de boletas emitidas a SQM por personas ligadas a políticos.
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El timonel de SQM encomendó la defensa legal de la administración de la firma a Samuel Donoso, del estudio ligado a Nurieldin Hermosilla, que es el histórico asesor penal de SQM. Ponce tiene también el respaldo del abogado Darío Calderón, un profesional de amplias redes empresariales y políticas, quien si bien no es su asesor legal, sí es «un amigo leal», como él mismo se define.
Ponce ya tiene una larga batalla legal a cuestas. Está apelando a la multa de casi US$ 70 millones impuesta por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) por el caso Cascadas. Pero ahora debe enfrentar una investigación que afecta a su activo más preciado: SQM. El caso Cascadas en rigor no impactaba a la minera no metálica, porque el proceso se centró en las sociedades controladoras de SQM. Pero esta nueva pesquisa amenaza directamente a la firma y a la responsabilidad que le cabe a directores y gerentes de esta compañía en los hechos que la justicia indaga.
El cariz que está tomando la investigación inquieta a todos los accionistas de la compañía no metálica. Consultada por «El Mercurio», la canadiense PCS, socia de Ponce en la firma, manifestó su preocupación por este tema, tras consultada por este medio. «Nos tomamos estas acusaciones muy en serio» y lo mismo «lo hace el directorio de SQM». En dicha mesa directiva el vicepresidente es el chief financial officer de PCS, Wayne Brownlee. «Este es un tema muy complejo. Estamos recopilando información y tratando de entender los hechos», comentó la canadiense.
Por eso, la mesa directiva de SQM creó este jueves un comité especial para examinar los hechos, instancia que está compuesta por los directores José María Eyzaguirre, Wolf von Appen y Juan Antonio Guzmán. Este grupo decidirá si contrata nuevos estudios de abogados por el caso, ya que Donoso no ha sido visado por el directorio de SQM.
Como emisor de ADR en Estados Unidos, SQM debe cumplir con la Ley de Prácticas de Corrupción en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) de 1977. Canadá, de donde proviene PCS, tiene una norma muy similar, la ley Corruption of Foreign Public Officials Act (CFPOA), de 1999.