Recaudación de fondos para investigación y desarrollo, -y también para los gobiernos locales y regionales- es el objetivo del Proyecto de Ley de Royalty Minero, iniciativa que modifica la tributación de las compañías del rubro, y que ahora pasó a la Comisión de Hacienda del Senado para su revisión.
En julio y en octubre del año pasado, el Gobierno envió indicaciones a la iniciativa. Las primeras fueron tajantemente rechazadas por los principales actores de la industria, mientras que las últimas recibieron mejores críticas, aunque tampoco logran convencer, ya que la mayor preocupación apunta a la posible baja en la inversión extranjera a la industria chilena.
Para analizar la propuesta gubernamental, y cómo afectaría al sector minero, desde MINERÍA CHILENA conversamos con el abogado Carlos Claussen, magíster en Derecho de Minería y magíster en Derecho Ambiental, socio en Claussen & Velasco Abogados.
El Gobierno estima que el royalty aportaría a las comunas y regiones más vulnerables, que subirían de US$ 420 a US$ 450 millones. Y respecto del aporte al Fondo Común Municipal, la transferencia de recursos se incrementaría desde US$ 90 millones a US$ 140 millones. A su parecer, ¿es viable esta propuesta y cómo afectaría a la gran, mediana y pequeña minería?”
Los ajustes al proyecto del Royalty minero presentados por el Ministerio de Hacienda a la Comisión de Energía y Minería del Senado significan una flexibilización importante de parte del Gobierno, comparado con la indicación presentada en julio de 2022 (y más aún respecto del proyecto original), mejorando los aspectos más perjudiciales que la industria minera criticaba; pero manteniendo la idea de su implementación, como si fuera la única alternativa para mejorar la recaudación del sector y la distribución social de esos ingresos.
Sin embargo, esos cálculos -de ser efectivos- han sido efectuados asumiendo que las inversiones mineras en Chile continuarán llegando de manera semejante a la que hemos tenido en los últimos lustros, lo que no resulta tan claro si es que el proyecto se aprueba.
Recordemos que el proyecto original derogaba el royalty actualmente vigente (que, aunque se denomine eufemísticamente “Impuesto Especial a la Minería”, es un verdadero royalty, a las utilidades) y creaba un Royalty a la Minería, con un fuerte componente ad valorem.
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