(Emol) San Antonio Terminal Internacional S.A. (STI) comunicó que, de común acuerdo con las autoridades de Gobierno, se adoptó la decisión final de recurrir a la fuerza pública para reiniciar las operaciones del terminal, restablecer la normalidad de sus servicios y evitar que el paro convocado por un grupo de trabajadores tenga consecuencias graves para sus clientes.
La empresa informó que fueron despejados los accesos del puerto y comenzó el ingreso de los trabajadores de STI para reiniciar la recepción y despacho de carga. Tras esta situación, Carabineros mantiene vigilado y resguardado el ingreso al puerto, garantizando la seguridad de los trabajadores.
La determinación de recurrir a la fuerza pública se adoptó a once días de iniciada la movilización ilegal, luego de agotar las instancias de diálogo con los dirigentes movilizados y constatar su falta de disposición para resolver su demanda por las vías institucionales que considera la ley.
La compañía señaló que dada la criticidad que para exportadores e importadores -particularmente del sector agrícola- tiene la oportunidad de los envíos para cumplir con sus compromisos comerciales a tiempo y con productos en óptimas condiciones, se llegó a la conclusión de que era inviable seguir esperando.
STI enfatizó en que la empresa «ha realizado exitosos procesos de negociación colectiva con sus trabajadores, sin que quedaran conflictos pendientes ni se planteara en su desarrollo la demanda con que se pretende justificar la ilegalidad de su actuar (pago retroactivo de la media hora de colación). Dicha exigencia ha sido planteada directamente al Gobierno, utilizando la paralización de todo el puerto de San Antonio y sus impactos transversales como mecanismo de presión ilegítima para fortalecer sus intereses, lo que genera un daño cuantioso».
La firma señaló que mantiene su plena disposición al diálogo con los trabajadores en todos los temas de la agenda común, pero en este caso confía en que el conflicto, de carácter sectorial y alcance nacional, sea dirimido exclusivamente por las instancias jurisdiccionales competentes, como corresponde en un estado de derecho.