La campaña presidencial ha estado marcada por los movimientos sociales que han forzado a promover cambios a las actuales estructuras políticas, económicas y sociales. La educación, la salud y la seguridad social son los temas que están marcando las reformas que los candidatos prometen impulsar. Queda, sin embargo, en estos meses una tarea importante para las distintas candidaturas, y que tiene que ver con la configuración de un programa de Gobierno concreto y posible, que fije el rumbo del actuar de la administración para el nuevo periodo presidencial.
Más allá de las declaraciones, es relevante demandar claridad sobre los objetivos y metas de un próximo Gobierno, más aún respecto de sectores tan significativos para la economía nacional como es la minería. Cuatro años es un periodo breve para provocar cambios y transformaciones y, en consecuencia, mientras más claros los objetivos, mejores serán los resultados y menores las improvisaciones que tanto le han costado al gobierno que termina.
En materia minera, por ejemplo, el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera no definió metas claras y los resultados saltan a la vista. Una reforma imprevista al impuesto específico a la actividad minera, resuelta de forma rápida para conseguir recursos inmediatos para la reconstrucción; una licitación del litio fallida; una reforma al sistema institucional y de seguridad minera como respuesta al accidente de la mina San José, y que no logra ser aprobada en el Congreso Nacional; un anteproyecto de reforma al Código de Minería que murió antes de nacer y, como corolario, una cifra no menor de inversiones mineras anunciadas y luego paralizadas por las incertidumbres particularmente asociadas a la falta de energía.
Frente a un escenario económico mundial incierto y un posible fin de ciclo de los altos precios del cobre, la responsabilidad obliga a los candidatos a elaborar un programa minero concreto, específico y políticamente viable. En este sentido, es posible esbozar al menos tres materias en las que es necesario trabajar. Por una parte, resolver el problema energético es indispensable si Chile quiere continuar desarrollando la minería. Exigir una definición acerca de las políticas de corto y largo plazo que permitan conciliar las necesidades presentes con las futuras es fundamental. El desarrollo de las energías renovables es un objetivo deseable a mediano y largo plazo, pero en el corto plazo no son capaces de resolver las carencias energéticas de una industria que demanda alrededor de un 50% más de energía que hace 10 años.
En segundo lugar, solucionar las asimetrías de información y los plazos de tramitación en la evaluación ambiental de los proyectos mineros es igualmente importante si el país quiere mantener su competitividad. Es necesario dotar al sistema de la oportunidad y de las capacidades técnicas que permitan, por un lado, equilibrar la relación en términos de información y transparencia y, por otro, promover una tramitación ágil, oportuna y eficaz de los permisos ambientales.
Y, tercero, la relación de los proyectos mineros con su entorno es un tema ineludible, que no puede quedar entregado únicamente a las políticas corporativas de las empresas involucradas. Trabajar en estas y otras materias es el desafío y objetivo que la minería debe exigir a toda campaña presidencial.