(Pulso)La presión sobre Julio Ponce sigue aumentando. Desde que la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) lo sancionara con US$70 millones por su participación en el caso Cascada, se han abierto una serie de flancos que hoy lo tienen en el ojo del huracán. A un año exacto desde la histórica resolución del regulador del mercado, sus sociedades informaron el martes la decisión del SII de cobrar impuestos por $78.225 millones por las mismas transacciones que en el oficio de multa fueron cuestionadas.
Ayer se llevaron a cabo las sesiones de directorio de Pampa Calichera y Potasios, en las que se tomó conocimiento de la resolución. Hasta ahora el tema lo está llevando la administración. Para hoy están programadas las de Nitratos, Oro Blanco y Norte Grande, siendo éstas últimas donde los accionistas minoritarios tienen más representantes.
El tema no es menor, según el SII, Calichera deberá pagar $55.148 millones, Oro Blanco $18.887 millones y Norte Grande $4.172 millones.
La resolución del SII señala que la sanción de la SVS interpreta que las transacciones cuestionadas fueron concertadas en el marco del esquema, por lo que no se pueden considerar que fueron realizadas por bolsa, pues su espíritu dista de aquello que el legislador buscaba fomentar a la hora de eximir del impuesto a las ganancias de capital a las acciones con presencia bursátil, por lo que dicha exención tributaria no es aplicable para las operaciones realizadas sobre las acciones SQM y Calichera.
La estrategia, implicaría primero presentar un recurso de reclamación, el que en caso de ser rechazado por el SII obligaría a las sociedades a apelar en los Tribunales Tributarios y Aduaneros. Fuentes consultadas señalan que el argumento del SII no cuestiona el cumplimiento de las normativas ni leyes, sino que los reconoce, pero que basar su decisión en el “espíritu” de las transacciones abre una línea de defensa.
Cercanos a Ponce estiman que la decisión, inédita recalcan, es política, pues no se están cuestionando aspectos técnicos.
Con todo, no sólo al interior de la cascada hay preocupación, sino que también entre sus accionistas.
Algunos apuntan que es un precedente que el SII pueda determinar que una transacción en bolsa, que cumple con la formalidad, pague o no impuestos; mientras otros señalan que la incertidumbre jurídica respecto de un beneficio tributario que el SII está denegando a pesar del cumplimiento normativo.
Hasta ayer, las sociedades no tenían pensando provisionar los montos que están siendo cobrados, pero el mercado ya está cuestionando sus efectos.
Humphreys redujo desde “Categoría A-“ a “Categoría BBB+” la clasificación del título de deuda serie A correspondiente al Duodécimo Patrimonio Separado de Banchile Securitizadora S.A., el cual corresponde a una porción del bono de Pampa Calichera.
La clasificadora dijo en un comunicado que, “no obstante que, de acuerdo a lo señalado por la sociedad, tiene la facultad de interponer un recurso de reposición administrativa o una reclamación ante el Tribunal Tributario y Aduanero competente, el hecho en sí le impone una contingencia que, de materializarse, afectaría la liquidez de la empresa, toda vez que los dividendos habituales que recibe por su inversión en acciones de Soquimich, deducido el pago de intereses de la deuda, no serían suficientes para dar cumplimiento a la obligación tributaria”.
El punto no es menor, Calichera cuenta -a marzo- con efectivo y equivalente al efectivo, más otros activos financieros corrientes, con US$34,4 millones, monto inferior a lo que está cobrando el SII.
Ayer el papel de Norte Grande cayó 5,2% -transando $339 millones- Oro Blanco perdió 15,56% y Calichera-A3 ,06%.