La Comisión de Medioambiente de la Cámara de Diputados avanzó en la discusión del proyecto que fortalece y mejora la eficacia de la fiscalización y el cumplimiento de la regulación ambiental, a cargo de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).
El texto tiene como objetivo principal fortalecer al organismo mediante la entrega de un marco institucional, que permita hacerse cargo de las falencias y aspectos a mejorar identificados en estos diez años de vigencia, y en el cual se contemplen mecanismos para mejorar el cumplimiento ambiental.
Respecto a lo anterior, la instancia parlamentaria recibió la exposición de los académicos Pablo Soto y Rosa Gómez, de las universidades Austral y de Los Andes, respectivamente.
Soto explicó que la finalidad del proyecto no es aplicar más sanciones, sino que hacer cumplir la legislación ambiental. “Eso es radicalmente distinto a tener la intención permanente de sancionar a los regulados”, puntualizó.
En tanto Rosa Gómez, si bien destacó los beneficios de la norma, dijo que resulta gravitante que se analice con mayor detenimiento la capacidad presupuestaria que va a tener esta entidad. “No podemos pretender una institucionalidad vigorosa, si no se dota de recursos con la fuerza económica necesaria para llevar a cabo sus prácticas”, recalcó.
En representación del Ejecutivo asistieron la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas y la superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer.
Fiscalización Ambiental
Según manifestaron desde la Cámara, la propuesta reafirma y preserva el rol crucial de la SMA en el ámbito de la fiscalización y cumplimiento de la regulación ambiental. Para ello introduce ajustes necesarios en su regulación orgánica con el objeto de mejorar la eficacia y eficiencia de esas funciones.
De este modo, el cumplimiento ya no quedará vinculado preferentemente al instrumental sancionatorio, sino a un esquema diversificado de instrumentos de cumplimiento que, empleados de manera estratégica y transparente, permitan adaptarse a los distintos tipos de incumplimientos ambientales.
Asimismo, esta reforma busca subsanar las brechas, dificultades y vacíos que presenta el modelo de fiscalización y cumplimiento, junto con avanzar a un modelo que permita agilizar la toma de decisiones, fije reglas claras para todos los interesados y cumpla efectivamente su finalidad, esto es, dar respuesta oportuna al incumplimiento ambiental.
La instancia parlamentaria fijó como plazo el próximo lunes 8 de abril para recibir las propuestas de invitados. Una vez que esa ronda de audiencias concluya, se iniciará la votación del proyecto.