(La Tercera) Julio Ponce preside SQM desde septiembre de 1987. De facto, es su controlador desde hace décadas, pero legalmente lo oficializó recién en diciembre de 2006, cuando suscribió un pacto de accionistas con la japonesa Kowa, dueña de un porcentaje minoritario de SQM. Ponce y Kowa tienen, en conjunto, un 32%. El ingeniero forestal gobierna los destinos del mayor productor de fertilizantes de especialidad del mundo a través de un entramado de sociedades que se instaló en el centro de la polémica luego de que la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) lo acusara, en septiembre de 2013, de transar acciones de las denominadas cascadas para su beneficio personal. La acusación se convirtió en una multa por US$ 70 millones un año más tarde, y hoy Ponce intenta desvirtuarla en tribunales civiles y penales.
La estructura de las cascadas tiene componentes conocidos, sociedades anónimas abiertas en Bolsa que transan sus títulos en el mercado y que terminan en SQM. La minera -que hoy tiene un valor bursátil de US$ 6.600 millones, pero que llegó a superar los US$ 15 mil millones- tiene como accionista principal a Pampa Calichera, que junto a filiales y relacionadas tenía, al cierre de 2013, el 29,92% de las acciones. Calichera es controlada por la sociedad de Inversiones Oro Blanco, con el 88,62%, y ésta por la sociedad de inversiones Norte Grande, con el 76,34%. Hasta ahí, ese esquema tiene como copropietarios a accionistas minoritarios, entre ellos varias AFP que han acusado a Ponce de defraudarlas.
Lo que hay más arriba es menos conocido. En octubre de 2014, el fiscal José Morales, jefe de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, pidió a Julio Ponce -tras una presentación de Moneda, otro de los denunciantes del caso cascadas- que le remitiera los antecedentes de una serie de sociedades que están en la estructura superior de las cascadas. El 16 de octubre, el abogado Jorge Bofill, defensor de Ponce, remitió a Morales actas de juntas de accionistas, sesiones de directorio, registros de accionistas y balances tributarios de varios de esos vehículos de inversión. ¿Qué busca en todo ello el Ministerio Público? El fiscal José Morales responde: “La fiscalía no cuestiona ni es materia de nuestra investigación el esquema de control de la sociedad aguas abajo, que es SQM. Lo que a nosotros nos interesa establecer es la existencia de traspasos de dineros o, en definitiva, cuál era el móvil de estas conductas; quién ganó más, o menos; cómo se repartieron las eventuales ganancias, y por eso es importante conocer los balances de las sociedades aguas arriba. Dónde se consolidaban, en definitiva, las ganancias de estas operaciones”, argumenta.
Aguas arriba
La primera pieza fundamental de la cascada hacia arriba es Inversiones SQYA, una sociedad anónima creada en 2002 y convertida en sociedad limitada una década más tarde, en octubre de 2013. La memoria del año pasado de SQM dice que Julio Ponce y personas relacionadas con él controlan el 100% de Inversiones SQYA, la que tiene directa e indirectamente el 29,92% de SQM. La sociedad tuvo hasta abril de 2012, fecha del último reporte entregado por Jorge Bofill al fiscal José Morales, un directorio de tres miembros: Julio Ponce Lerou, su hijo Julio Ponce Pinochet y Luis Saldías Varas, un contador que a fines de los años 80 comenzó a trabajar en Pampa Calichera. Su gerente general era Felipe García Huidobro y su secretaria era Claudia Morales, quien fue formalizada por José Morales por la falsificación de actas.
Ponce entregó los balances tributarios de esa sociedad: entre 2008 y 2013, la suma de los resultados de cada ejercicio arroja una ganancia total de US$ 712 millones. El mejor año fue 2009, con un resultado positivo de US$ 302 millones. Hasta abril de 2008, en SQYA Ponce convivía con la noruega Yara, que tenía el 49% de las acciones. En esa fecha recompró ese porcentaje.
En los balances tributarios, SQYA registra obligaciones bancarias sólo en 2008, con US$ 95 millones. En los años siguientes sólo reporta cuentas por pagar.
Los socios de SQYA son Inversiones SQ, que aportó el 99,99% del capital de la sociedad. E Inversiones SQ -otra sociedad anónima creada en 2006, pero transformada en sociedad de responsabilidad limitada el año pasado- es controlada por SQ Grand Corp., una firma constituida en las Islas Vírgenes Británicas.
En reportes a la Securities & Exchange Commission entregados hasta 2007, Ponce describía la estructura que le permitía llegar a las cascadas y, como consecuencia de ello, a SQM. Pacific Atlantic Trading tenía el 100% de las acciones de SQ Grand Corp. Y The Pacific Trust era el controlador final (ver infografía). Creada en las Islas Vírgenes Británicas, el estudio Alfaro, Ferrer, Ramírez & Aleman aparecía en esa fecha como el fidecomisiario de la sociedad. “El señor Ponce tiene el poder para dirigir la administración de Pacific Trust”, dice un documento oficial de hace ocho años. Pero otro texto anterior, de 2002, describe lo siguiente: “Los hijos del señor Julio Ponce Lerou son los únicos beneficiarios nombrados de The Pacific Trust”. Las sociedades creadas en el exterior eran representadas por Roberto Guzmán Lyon, antiguo asesor de Ponce, también multado por la SVS.
Hoy, la información pública que se entrega a la SEC termina en Inversiones SQYA y no ahonda en la estructura superior.
El fiscal pidió también copia de actas, balances y registros de accionistas de todas las sociedades en el exterior. El abogado de Ponce respondió lo siguiente: “Algunas de las entidades son extranjeras, sometidas a legislaciones de otros países y con domicilio fuera de Chile. De ellas no existe en poder de mi representado información como la solicitada”.
Jorge Bofill explicó, además, que todas las sociedades anónimas chilenas fueron transformadas en sociedades de responsabilidad limitada, lo que dejó inutilizados los registros anteriores a 2013 remitidos a la fiscalía. Esta segunda figura jurídica permite mayor flexibilidad de administración, no requiere crear directorios, sino sólo tener representantes, y exime el registro de actas de directorio y juntas de accionistas, los que se convierten en socios. Las sociedades deben estar inscritas en el Conservador de Bienes Raíces.
Inversiones del Sur
A toda esa estructura se agregaron dos sociedades que también, según la SVS, estuvieron implicadas en las transacciones irregulares y que el fiscalizador las asocia con Ponce: Inversiones del Sur e Inversiones Hoca. Ambas fueron fusionadas con fecha 1 de junio de 2014, con un capital cercano a los $ 10 mil millones.
Inversiones del Sur -sociedad que llegó a tener 13% de Oro Blanco en 2009- era controlada por dos sociedades extranjeras: Holywell Corporation y Cardiff Corporation. Y la única acta de directorio incluida en los documentos remitidos a Morales es de octubre de 2009. La mesa estaba en esa fecha integrada por tres hijos de Ponce: Julio, Francisca y Daniela Ponce Pinochet. Los nombres de todas las sociedades se repiten: en 2010 figuraban como apoderados de esta compañía Roberto Guzmán, Luis Saldías y Claudia Morales.
Inversiones del Sur -que también pasó de S.A. a limitada, en 2014- fue identificada por la SVS como relacionadas a Julio Ponce y participó en las transacciones objetadas de 2009 a 2011 y que le permitieron obtener ganancias por 3,1 millones de UF (unos $ 75 mil millones), según la SVS. Inversiones del Sur aparece 192 veces en la resolución de la SVS de 2014.
La relación entre todas estas sociedades se refleja en los escritos: Inversiones SQYA garantizó deudas por US$ 300 millones para Inversiones del Sur en 2010.