(La Tercera) Las dudas que persisten sobre la capacidad del Estado para capitalizar a Codelco este año, cuando la minera pasa por la peor crisis de su historia, ha instalado en el centro del debate a los principales ejecutivos de la mayor empresa estatal, al ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, y también a actores del sector minero y del mundo público. Si bien se han puesto en la mesa diversas opciones que se podrían usar, aún no hay definición clara por parte del gobierno.
Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, gremio que agrupa a la gran minería privada y a Codelco, también quiere formar parte de la discusión. Así, plantea que se debe generar un mecanismo de financiamiento permanente de la principal cuprera mundial, fijando polí- ticas de gestión y financiamiento propias de una empresa, y que no respondan a intereses políticos.
Además, analiza las propuestas para reformar el Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA) y comenta los efectos que podrían traer para la industria minera.
¿Las grandes empresas ya tomaron las medidas suficientes ante la caí- da del precio del cobre?
En el escenario actual de costos y precios, todo lleva a pensar que ya se hicieron los ajustes más relevantes, más estrictos, más drásticos, aunque esto no excluye que se puedan hacer nuevos ajustes. Pero creo que la industria hizo el mayor esfuerzo en los años precedentes.
Si cambian los precios y no vemos bajas sustanciales de costos es probable que haya que hacer algunos ajustes adicionales.
¿Qué medidas se podrían tomar para bajar los costos?
La licitación eléctrica parece ser una muy buena noticia, porque al presentarse más de 80 ofertas todo indica que se observará una baja en el precio promedio y, por lo tanto, debié- ramos ver una caída en los precios para clientes regulados (hogares y pymes).
A su vez, estos menores precios se debieran reflejar a mediano plazo en menores precios para los clientes libres también, donde la minería es uno de los más importantes. No me cabe duda de que vamos a tener un efecto espejo en los contratos de largo plazo de los clientes libres. Hoy los costos de la energía representan un poco más del 10% para las empresas mineras y si podemos reducirlos, mejor aún.
¿Cómo ven la situación de Codelco?
Sus ejecutivos han dicho que viven su peor crisis. Es preocupante para el país y el sector que a Codelco le vaya mal, por eso, creo que tanto Codelco y todos los actores que tienen algo que decir sobre el financiamiento de la empresa estatal deberían participar de manera generosa y activa.
No nos debiéramos cerrar a ninguna de las fórmulas en debate. El país debe tener una discusión seria sobre el futuro de Codelco, sobre su política de financiamiento. Ninguna empresa es viable en el largo plazo si no tiene financiamiento adecuado y si de partida es privada del 10% de sus ventas.
Tampoco si no tiene una política de financiamiento de forma autónoma. Es evidente que cuando las políticas de financiamiento de Codelco se determinan con criterios políticos, que habitualmente tienen visiones de cuatro años, no favorecen el desarrollo de una empresa que trasciende los períodos políticos y que, por lo tanto, necesita ir manteniendo una serie de recursos para su desarrollo y sobrevivencia en el largo plazo.
¿Entonces se debería diseñar un mecanismo permanente de financiamiento de largo plazo?
Efectivamente. Es indispensable crear un mecanismo de financiamiento permanente de Codelco, pues eso es lo que le dará viabilidad en el largo plazo.
Este es un debate que hay que tener con altura de miras y seriedad, donde hay que dejar de lado las soluciones parche y de corto plazo. La realidad explicada por las autoridades de Codelco demuestra que la política de financiamiento de la empresa no ha sido la correcta, y en vez de que el Estado haya reinvertido las utilidades que ha generado, ha optado por el camino del endeudamiento, lo que tiene límites.
En la medida en que no seamos capaces como país de ver que la viabilidad de Codelco pasa porque tenga políticas de gestión y financiamiento propias de una empresa, y no estén condicionadas por intereses políticos, es poco probable que la estatal salga del problema en el que está. Evaluación ambiental
¿Siente que el informe de mejorías al SEIA recoge las opiniones que entregaron durante la discusión?
El informe que entregó el Ministerio del Medio Ambiente hace justicia al trabajo que realizó la comisión, es bastante objetivo y creo que se pueden rescatar varias cosas. Entre ellas, la transversalidad de los miembros de la comisión, pues había representantes del mundo académico, de las ONG, del mundo empresarial y del sector público con representantes de distintos ministerios. Por lo tanto, esto permitió tener una discusión bastante rica, con un intercambio de opiniones y argumentos profundos.
¿Cuáles son las propuestas más importantes para ustedes?
A mi juicio, reviste especial importancia aquella que establece una evaluación en dos etapas para los proyectos estratégicos, es decir, aquellos proyectos que tienen un mayor impacto medioambiental, que son más trascendentes para las regiones y para el país, no sólo por los montos de dineros involucrados, sino por el impacto que pueden tener. Se sugiere que tengan una primera etapa con acompañamiento del propio servicio, con participación ciudadana anticipada, y de los servicios públicos con competencias ambientales de tal manera que la empresa no pierda tiempo generando estudios y preparando información que después es desestimada o no prepare la que con posterioridad será requerida.
¿Qué impacto tendrá esta medida?
Debieran producirse dos efectos fundamentales con esta medida: agilizar los tiempos de tramitación y construcción de los proyectos y un ahorro de los recursos sin bajar los estándares, permitiendo una mejor, más efectiva y eficiente participación de la ciudadanía. Esto, pues se plantea la necesidad de destinar recursos para que esa participación ciudadana sea más informada, cuente con mejor asesoría técnica, en definitiva, que empareje y equilibre la cancha y la participación de verdad se transforme en una contraparte para el mundo empresarial que busca desarrollar los proyectos.
¿Qué otra propuesta es relevante?
Lo que dice relación con cambios a una Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Hoy, a veces resultan ser instrumentos en extremo rígidos, cuya modificación es complejo llevar a cabo. Por lo tanto, aquí se abre un espacio de flexibilización, pero siempre con un trasfondo muy relevante, que es no bajar estándares.
¿El conjunto de las propuestas otorgará más certeza a todos los actores?
Definitivamente sí. Creo que gran parte de las recomendaciones están encaminadas a otorgar mayor certeza jurídica a todos, no sólo a las empresas. También a la ciudadanía, a las comunidades involucradas, a pueblos originarios que puedan ser involucradas y también a la actuación coordinada de los organismos del Estado.