(Pulso) Con el objetivo de lograr mayor equidad territorial para que distintas iniciativas en infraestructura logren ejecutarse, el gobierno modificó las exigencias para la inversión pública en las tres regiones extremas del país y en 14 comunas con características geográficas de rezago y de aislamiento especiales.
Hoy, para llevar adelante cualquier iniciativa pública, el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) evalúa el proyecto desde el punto de vista técnico, social y demográfico.
Bajo esa lógica, aquellas zonas que tiene muy baja población quedan sin posibilidades de realizar grandes proyectos, porque es mucho dinero a invertir en relación a su nivel de población. Bajo ese parámetro es difícil que una iniciativa obtenga Rentabilidad Social (RS), sello necesario para ejecutar la obra.
Asumiendo esta realidad, la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) llegó a un acuerdo con el MDS para modificar esta exigencia en aquellas regiones y comunas que son parte del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas y el Plan de Desarrollo de Territorios Rezagados que integran las regiones de Arica-Parinacota, Aysén y Magallanes, y los municipios de Punitaqui, Combarbalá, Canela, Monte Patria, Chanco, Empedrado, Cauquenes, Lebu, Arauco, Cañete, Contulmo, Curanilahue, Los Álamos y Tirúa.
Se mantuvieron dos requisitos: el análisis técnico y el económico, y sólo se modificó el análisis demográfico, incorporando un parámetro nuevo, el de equidad territorial, considerado como que el progreso llegue a todo el país.
Más aún, para evitar que en muchas de estas zonas y municipios se construyan “elefantes blancos”, el MDS conjugó otro elemento, como es el menor costo. Eso quiere decir, por ejemplo, que si es necesario construir una carretera en zonas extremas, se buscará el proyecto más económico para cumplir el objetivo. A eso se llamará menor costo.
“Esas son las modificaciones centrales del RS: se cambia el concepto de rentabilidad social por el de menor costo, con lo que se pueden llevar adelante planes de infraestructura que con la evaluación tradicional no hubiesen sido posibles ”, asegura el subsecretario de la Subdere, Ricardo Cifuentes.
El por qué
Según la autoridad, el concepto mandatado por la Presidenta Michelle Bachelet es que independientemente del lugar donde un ciudadano elija vivir, el Estado “debe garantizar el acceso a una base de beneficios mínimos que garantice su desarrollo”.
De ahí que el Fisco puso a disposición del Plan Zonas Extremas recursos por US$3.000 millones para un período de seis años; y de $500 millones para cada una de las regiones que componen el Plan Territorios Rezagados durante 2014.
Cifuentes recuerda que la metodología costo-beneficio se ha usado durante 40 años ,a través de la cual los proyectos son ejecutables sólo si los beneficios son mayores a los costos.
Ahora en cambio, “lo que estamos diciendo es que hay proyectos definidos por la gente de las regiones y que se analizan en su mínimo costo para su ejecución, y eso es un cambio muy trascendental y notable en esto de la evaluación y asignación de recursos”, acota.
A las anteriores iniciativas, el subsecretario comentó que se está trabajando en un proyecto para crear el Fondo de Convergencia Regional para Zonas Rezagadas, que operaría en 2016, para destinar recursos a través de los gobiernos regionales. A ello se suman iniciativas para dar mayor autonomía y desarrollo de Isla de Pascua y Juan Fernández, y el proyecto de ley que busca modernizar la administración municipal para transformarla en un gobierno local.