Un reciente informe de la Universidad San Sebastián (USS) reveló que la burocracia en la entrega de autorizaciones para la inversión, conocida como «permisología«, ha tenido un impacto significativo en la economía chilena.
Según el estudio, el costo de estas demoras se estimó en casi US$2 mil millones en 2023, lo que representa un 0,58% del Producto Interno Bruto (PIB), en comparación con el 0,2% del PIB en 2022.
El informe, elaborado por la Facultad de Economía y Gobierno de la USS, cuantifica las pérdidas económicas causadas por la ineficiencia en los procesos de tramitación de permisos. Sobre ello, el decano de la facultad, Alejandro Weber, explicó que más del 67% de los proyectos en 2023 experimentaron retrasos más allá de los plazos legales. Weber subrayó que, para que Chile recupere niveles razonables de crecimiento, es fundamental eliminar estas ineficiencias, las cuales actúan como un «impuesto al desarrollo«.
El documento destaca un incremento en los tiempos necesarios para obtener una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable, lo que se ha convertido en una barrera significativa para el desarrollo del país. En 2023, los estudios de impacto ambiental aprobados requirieron en promedio 985 días para obtener un permiso ambiental, comparado con un promedio histórico de 434 días. Asimismo, las declaraciones de impacto ambiental tomaron 360 días en promedio, frente a un promedio histórico de 218 días.
El experto en la materia, Cristóbal de la Maza, aseveróque las deficiencias en los procesos de administración del Sistema de Evaluación Ambiental son una de las principales causas de los retrasos. La excesiva coordinación y la falta de resoluciones eficientes han contribuido a estos problemas. De la Maza abogó por la necesidad de incorporar nuevos recursos y atribuciones para estandarizar el procedimiento de evaluación, y reducir significativamente los tiempos de tramitación.
También se subrayó la necesidad urgente de simplificar la regulación para impulsar el crecimiento económico. Weber comentó que las proyecciones de crecimiento a mediano plazo del PIB, estimadas en torno al 2%, son insuficientes para alcanzar niveles adecuados de desarrollo. El objetivo debe ser alcanzar tasas de crecimiento superiores al 4%, lo que exige una simplificación significativa del marco regulatorio.
Además, Weber criticó que los proyectos de ley actualmente en tramitación, que revisan el sistema de evaluación ambiental y los permisos sectoriales, sólo abordan de manera marginal las mejoras necesarias en la eficiencia del aparato público. Es imperativo que las reformas sean profundas y efectivas para eliminar las barreras burocráticas que actualmente frenan el desarrollo del país.