(Pulso) Es un tema de nunca acabar para Codelco. La estatal debe golpear, año tras año, las puertas del ministerio de Hacienda para que el Estado le entregue recursos que le permitan financiar la ejecución de la cartera de proyectos estructurales, que compromete unos US$23 mil millones para los próximos diez años.
Y pese a que el año pasado se promulgó una ley que buscaba darle mayor estabilidad a la minera estatal, mediante el compromiso de financiar con hasta US$4.000 millones a la estatal en cuatro años -ayudando así a mantener a raya los niveles de endeudamiento- esto otra vez está en entredicho.
La semana que viene, la junta de accionistas debe sentarse a revisar el estado de avance de la cartera de proyectos estructurales de la corporación, así como también el cumplimiento de compromisos en materias de costos, la situación de mercado y otros aspectos relevantes. En esa reunión, programada para el martes 29 de septiembre y en la que asistirán los ministros de Hacienda, Rodrigo Valdés; y de Minería, Aurora Williams, se espera se zanje la cifra que recibirá Codelco en total.
Este material será analizado, según fuentes de la compañía, en el directorio ordinario de la corporación que se realizará, como es tradicional, el último jueves de cada mes.
Según trascendió, esta instancia será clave porque se consensuará la postura de la mesa antes de la junta de accionistas, así como también se analizará el estado de avance del plan de financiamiento que recientemente se vio fortalecido con la emisión de bonos por US$2.000 millones.
¿Qué pasará con la capitalización?
Las señales apuntan a que la minera recibirá mucho menos que los US$825 millones que se suponía iba a entregar Hacienda, cifra que se obtiene descontando de los US$1.050 millones solicitados por la corporación a comienzos de año los US$225 millones anunciados a fines de julio por el responsable de las finanzas públicas.
El monto de capitalización requerido por la estatal para este año fue definido hace meses y asciende a los US$1.050 millones dividido en dos partes: USS$800 millones de aporte fiscal y otros US$250 millones en reinversión de utilidades correspondientes al ejercicio 2014. De esa última porción la minera ya recibió US$225 millones pero aún no hay respuesta sobre el resto.
Pero la preocupación es otra: En Codelco temen que la junta de accionistas no alcance siquiera a realizarse, porque se producirá justo un días antes de que el Gobierno entregue el proyecto de ley de Presupuestos para 2016, trabajo que hoy consume la mayor parte de tiempo tanto del propio ministro Valdés como del equipo que encabeza. Por ahora, la citación sigue a firme pero es probable que la fecha finalmente se modifique.
Trabajo conjunto
Según Codelco, en la junta de accionistas programada para el martes la minera no presentará una propuesta a Hacienda, pues esto se viene trabajando a lo largo del año entre los equipos técnicos tanto de la corporación como del ministerio, que revisan periódicamente el estado de avance del Plan de Negocios y Desarrollo (PND 2015) y el cumplimiento de las metas.
Pero sí se presentará un estado de avance de ese trabajo conjunto y una cifra de capitalización acordada entre las partes. El foco para Codelco es no comprometer el grado de inversión, lo que si bien no está en duda sólo se sostiene en el hecho de que la minera es 100% estatal.
El escenario para Hacienda es distinto, considerando que desde la presentación de la propuesta de Codelco a comienzos de año y ahora han cambiado las proyecciones económicas tanto de precio del cobre, de ingresos fiscales y de crecimiento, mientras que en el caso de la estatal ha recortado su plan de inversiones para aprovechar la baja de costos en el desarrollo de proyectos, así como también obligada por la coyuntura -como la ralentización de Nuevo Nivel Mina El Teniente- y la reformulación de Andina 244.
Así, el único proyecto actualmente a firme son Chuquicamata Subterránea, que a junio alcanzaba el 17,4% de ejecución, y Traspaso Andina, que está en etapas más preliminares.
Desde el Gobierno han dado señales en orden a pedir mayor austeridad a la minera estatal y a pedirle que agote las posibilidades de financiamiento externo antes de recurrir a los recursos fiscales.