(La Tercera) La explotación minera del Cerro Blanco en Guatemala sería «gravísima» para El Salvador, porque puede contaminar el principal río de este país y 3 millones de sus habitantes pueden convertirse en «refugiados ambientales», denunció hoy la bancada salvadoreña en el Parlamento Centroamericano.
El diputado salvadoreño ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen) Julio Grijalva dijo a Efe que, de llegar a iniciarse la explotación aurífera del Cerro Blanco en Jutiapa, cerca de la frontera de Guatemala con El Salvador, las consecuencias serían «gravísimas».
Traerá «consecuencias nefastas» para los salvadoreños, debido a que se contaminaría el Río Lempa, «de donde se extrae la mayoría de agua para tomar» y riego de cultivos en El Salvador, enfatizó.
Grijalva se refirió al asunto en un evento oficial organizado por el Parlacen en San Salvador para concienciar sobre las graves consecuencias de la minería en el país y el resto de Centroamérica.
«El Río Ostúa, el Guija, el Lempa (algunos de estos compartidos con Guatemala) estarían condenados a morir si (la empresa canadiense) Gold Corp explota el proyecto Cerro Blanco», advierten los parlamentarios salvadoreños a través de un comunicado.
Añaden que «3 millones de salvadoreños estarían (…) con riesgo de convertirse en refugiados ambientales» si comienza la explotación en el país vecino.
«Si bien no es el Estado de El Salvador quien pone en riesgo la vida de los habitantes, consideramos que es su responsabilidad en el caso del proyecto minero Cerro Blanco, realizar las gestiones necesarias a fin de garantizar las condiciones que permitan materializar el acceso a un nivel de vida digno», agregó.
El canciller guatemalteco, Harold Caballeros, dijo recientemente en El Salvador que la mina Cerro Blanco «sólo se encuentra en fase de exploración y no en fase de explotación».
De acuerdo con Grijalva, la explotación en la mina Cerro Blanco se iniciará en 2014.
El Parlacen no solo está «preocupado» por lo que puede ocasionar la mina en el Cerro Blanco, sino también los diversos proyectos mineros que existen «a lo largo de la frontera» con Honduras y Guatemala, agregó.
En la línea fronteriza con Honduras hay 40 proyecto mineros «congelados» y nueve en Guatemala, incluyendo el Cerro Blanco, destacó Grijalva sin dar más detalles.
Ante tal situación es necesario que «las leyes en Centroamérica sean integradas para que la explotación minera no se dé y se prohíba en toda la región», consideró.
En El Salvador no existe una ley que prohíba la minería, pero el Gobierno del expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009) se negó a continuar otorgando permisos de exploración minera y suspendió los otorgados, decisión que fue secundada por el actual presidente, Mauricio Funes.
Fuente / Terra