Luego que la semana pasada fuera aprobada en la Comisión de Constitución la idea de legislar en torno al proyecto que modifica la Ley 20.730, que regula el lobby, precisando que el ámbito de aplicación de la ley es el territorio nacional y excluyendo de ciertas obligaciones a los sujetos pasivos al personal diplomático, la iniciativa legal tuvo esta semana un inesperado vuelco al ser solicitado de parte de los legisladores el congelamiento del trámite legislativo.
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Según se consigna en el portal de la Cámara Baja, la posición transversal de los diputados, expresada en la sesión de este miércoles, se motivó tras escuchar en las últimas dos sesiones a diversas organizaciones que manifestaron su desacuerdo con la propuesta ingresada por el Ejecutivo y defendida, principalmente, por la Cancillería.
El Consejo para la Transparencia, representado por su presidenta, Vivianne Blanlot, expuso una serie de observaciones al proyecto y puso de relieve la necesidad de dejar operar a la recientemente publicada Ley del Lobby, antes de impulsar cambios o ajustes normativos.
“Nuestra postura es que dejemos que parta la implementación, que tengamos un poco de experiencia y vamos aclarando en el camino aquellas imperfecciones o malas interpretaciones para que se cumpla”, enfatizó.
Blanlot sostuvo que, desde el Consejo, saben que la Ley del Lobby no puede interpretarse de una manera que afecte las relaciones internacionales, la seguridad de la nación o incluso la defensa. Informó que han observado interpretaciones distintas en diversos organismos, respecto a cómo se aplica la normativa y que vulnera el espíritu de lo que ella vino a reglar.
“Nosotros concordamos con el fondo del problema que se ha planteado, que la Ley se ha interpretado en el sentido que estarían regulados bajo esta normativa las reuniones que sostengan, por ejemplo, un embajador chileno con uno extranjero. A nuestro juicio ello es una interpretación errada de lo que impone la Ley dado que ella regula la publicidad de la gestión de intereses particulares y cuando hay reunión de embajadores hay una discusión de intereses generales de la nación”, puntualizó.
Estimó posible trabajar el tema, de modo que no se afecten las relaciones internacionales, pero sin necesidad de cambiar la Ley o, quizás, haciendo alguna aclaración menor en aspectos específicos.