(Prensa Latina) Diputados mexicanos examinaron hoy la necesidad de reformar la Ley Minera nacional, a fin de que las empresas cumplan normas laborales y de seguridad indispensables para la protección del medio ambiente y los obreros.
El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentará una iniciativa para modificar esa norma jurídica, informó el diputado Ramón Jiménez, integrante de la Comisión de Energía.
Actualmente, fundamentó, 21 por ciento del territorio mexicano está otorgado en concesión a compañías mineras, por tal motivo es necesario revisar la Ley y proteger los derechos laborales de miles de trabajadores que se dedican a esa actividad.
Como parte del foro Problemática Minera en México, Análisis y Soluciones, el representante del PRD recordó que en el país se registran irregularidades en la explotación de los yacimientos.
Un caso ilustrativo, refirió, es la mina de cobre de Cananea operada por el Grupo México.
El legislador del PRD pidió al gobierno federal buscar formas pacíficas y legales que resuelvan el conflicto minero en esa localidad del norteño estado de Sonora, donde los trabajadores siguen en huelga.
También el secretario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, Francisco Hernández, consideró que ese órgano estatal debe mandar un exhorto al Ejecutivo, para buscar formas pacíficas y legales que resuelvan el conflicto en Cananea.
El Gobierno, señaló, no debe cometer el error de tratar de entrar por la fuerza a las instalaciones de la mina, donde permanecen los huelguistas, pues se puede desencadenar una ola de violencia.
Mañana, informó, presentará un punto de acuerdo para la instalación de mesas de dialogo con todos los sectores involucrados en ese litigio, y «no sea la violencia la puerta equivocada para resolver el conflicto laboral».
En opinión de Hernández, el Sindicato Minero es víctima de una estrategia gubernamental dirigida a dividir a los obreros e imponer condiciones que le permitan colocar a dirigentes gremiales dóciles ante las condiciones impuestas por los intereses empresariales.
Fuente /Prensa Latina