(Pulso) El pasado 17 de noviembre, el Comité de Ministros se reunió para resolver dos proyectos emblemáticos en tabla, como lo son Punta Alcalde y una de las iniciativas mineras más relevantes en cuanto a inversión: la optimización del proyecto minero Cerro Casale, que contempla un desembolso de US$5.200 millones.
En aquella oportunidad, el presidente del comité, el ministro del Medio Ambiente Pabo Badenier, sostuvo que sólo una de las reclamaciones del proyecto controlado por Barrick y Kinross quedaría pendiente y sería sometida al visto bueno de la Dirección General de Aguas (DGA). Una vez zanjado, el proyecto podría superar la instancia administrativa que lo tiene paralizado.
Para avanzar en el tema, el organismo que actúa como secretario del comité, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), envió al director general de aguas, Carlos Estévez, una serie de propuestas a ser visadas para viabilizar la iniciativa proyectada en las comunas de Tierra Amarilla, Copiapó y Caldera.
Las propuestas para destrabar el proyecto y solucionar esta reclamación pendiente son diversas y en su gran mayoría tienen relación con optimizar la estructura de abastecimiento de agua de la iniciativa.
Esta busca concretar una operación a rajo abierto para producir y comercializar concentrado de cobre y metal doré (oro y plata). Entre ellas destacan “reconocer la significancia del impacto asociado al descenso de niveles de agua subterránea en las zonas limítrofes de las cuencas hidrográficas de Piedra Pomez y del río Lamas, establecer como medidas de mitigación la reducción del volumen máximo de explotación del acuífero” en cuestión. Esto implicaría, según el acuerdo del Comité de Ministros, que la Compañía Minera Cerro Casale ajuste su modelo hidrológico, modifique sus reglas de operación, y también “diversifique su matriz de abastecimiento de agua”, revelan las propuestas.
¿Qué viene?
Según lo establecido en el documento enviado a la DGA el 27 de noviembre, la entidad tiene en plazo de cinco días hábiles para visar estas medidas.
Desde esa perspectiva, las consideraciones de la entidad dependiente del Ministerio de Obras deberán ser respondidas a más tardar mañana al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), para que luego esta entidad presente los nuevos antecedentes al Comité de Ministros.
De ser aprobada la moción por la entidad interministerial, el proyecto podría tener luz verde, siempre y cuando el titular lo ponga en su lista de iniciativas prioritarias, y que los opositores no acuda al Tribunal Ambiental.
De acuerdo a la compañía, el yacimiento y las faenas mineras se ubicarán en la alta cordillera, en la comuna de Tierra Amarilla a 145 kilómetros al sureste de Copiapó. Cerro Casale tiene reservas de oro y cobre de minerales probadas y probables de 23 millones de onzas de oro y 5,8 millones de libras de cobre.
La iniciativa obtuvo su primer permiso ambiental como proyecto Aldebarán el año 2002, y luego Cerro Casale presentó un nuevo Estudio de Impacto Ambiental para actualizar el proyecto, que obtuvo una nueva Resolución de Calificación Ambiental el 3 de enero de 2013.