(Pulso) Fue uno de los momentos más complejos para la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). El 11 de junio, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones decidió acoger una Orden de No Innovar (ONI) en el proceso administrativo contra Roberto Guzmán Lyon, paralizando con esto el caso contra el inversionista que según la formulación de cargos estaba involucrado en el Caso Cascada. La sorpresa fue mayúscula para el titular del organismo, Carlos Pavez. No sólo era una decisión histórica en el marco de los procesos sancionatorios de la SVS, sino que también fue la primera batalla judicial que perdía en el marco de esta investigación.
Hasta entonces, eran los abogados de la misma SVS los encargados de resolver las disputas en tribunales. Sin embargo, la pérdida caló hondo. Al interior de la entidad sabían que cualquier demora perjudicaría la sanción final pues ya estaban empezando a correr la caducidad de algunas operaciones cuestionadas, lo que determinó la decisión de pedir inmediatamente la entrada del Consejo de Defensa del Estado (CDE).
De hecho, los múltiples recursos presentados por las defensas implicaron que las operaciones realizadas en 2009 no pudieron ser sancionadas, debido a que la superintendencia sólo puede ejercer su facultad sancionatoria no más allá de cuatro años.
Con todo, la estrategia tomada por Pavez causó el efecto deseado. Los principales abogados del CDE que han liderado la defensa de la SVS en las cortes son Alfredo Larreta, Marcelo Chandía, Paulina Retamales, Álvaro Sáez, Carlos Aranis y la consejera jefe Irma Soto, quienes han logrado que los 23 recursos presentados ante distintas instancias y que han llegado a término, sean favorables para el servicio comandado por Pavez.
Del total, 7 corresponden a recursos de protección, 10 reclamos de ilegalidad, uno de inaplicabilidad constitucional, una querella por prevaricación administrativa y otra por filtración del expediente contra funcionarios del servicio y el ex superintendente Fernando Coloma; y tres denuncias ante la Contraloría General de la República, por la aplicación del procedimiento administrativo y por un supuesto conflicto de interés de la SVS. De ellos, cinco fueron presentados por Guzmán Lyon, 8 por Julio Ponce, 7 por Aldo Motta, uno es de Leonidas Vial, otro de Citi y un último de Fabio Gheilerman.
A ello, se debe sumar que el lunes la quinta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de reclamación de Norte Grande relativo a la exigencia de la SVS de llamar a una nueva junta de accionistas para votar una nueva elección de directorio.
Las causas abiertas
Sin embargo, aún restan una serie de causas respecto del caso, las que podrían permanecer años en tribunales, algunas a resolver dentro de esta semana, y otras en los próximos meses.
El viernes la Corte de Apelaciones verá la reclamación del regulador de Valores respecto de la resolución del Consejo para la Transparencia que instruye a la SVS la entrega de una serie de antecedentes de carácter reservado a Julio Ponce, entre ellos la identificación de quiénes compraron y vendieron acciones de la cascada entre 2008 y 2011; detalles de las operaciones de Moneda y las AFP; y un informe sobre cómo la SVS calculó los precios de mercado.
En el recurso, la SVS planteó que “la pretensión del Consejo para la Transparencia de que la negativa a la entrega de la información solicitada vulnera de alguna forma el derecho a defensa del formulado de cargos resulta absolutamente infundada, sin perjuicio que excede manifiestamente las facultades de tal órgano, cuyo cometido legal es específicamente amparar el derecho de acceso a la información pública”.
En paralelo, aún la Corte de Apelaciones debe resolver sobre el recurso de ilegalidad presentado por la defensa de Motta respecto de la decisión de la SVS de que son los acusados quienes deben fijar los medios de prueba. Sobre este punto, el Tribunal Constitucional falló en contra a principios de octubre.
El hecho no es menor, pues la defensa presentada por el abogado externo del regulador, Francisco Zúñiga, y el posterior fallo, explican en el mercado, deja un precedente respecto de futuros cuestionamientos sobre quién debe presentar los medios de prueba en un proceso sancionatorio.
A ello se suman las nueve causas de reclamación ingresadas en tribunales civiles entre el 30 de septiembre y el 3 de noviembre, esto tras la sanción cursada por el regulador en el marco del caso.
En el mercado explican que aún la etapa probatoria de los recursos debiera iniciarse a más tardar en marzo. La corte debe dictar “el auto de prueba fijando los hechos pertinentes, sustanciales y controvertidos”, instancia que permite hasta un máximo de 6 testigos por cada punto de prueba, por lo que se espera dure meses.