(Pulso) Leonidas Vial arremetió contra la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). El socio de LarrainVial formalizó sus reparos con el proceso que ha llevado adelante el regulador a través de un recurso de ilegalidad presentado en la Corte de Apelaciones.
Un requerimiento que aún no ha sido admitido por la justicia y que se sustenta con argumentos similares a los que han reclamado el resto de los formulados, como es el hecho de que la SVS obligue a los imputados a fijar los puntos de prueba para acreditar su inocencia, algo que para esta camada le compete a la SVS; y que, al mismo tiempo, muestra evidentes diferencias con la estrategia legal que ha seguido la corredora de bolsa.
Es que mientras el abogado Alfredo Alcaíno optó por enfrentarse con la SVS en la Corte, Gerardo Varela no ha seguido los pasos que también han dado los abogados de Julio Ponce, Aldo Motta y Roberto Guzmán, siendo este último quien pavimentó el camino para que el resto de los formulados sumaran recursos de este tipo en contra del regulador. Esto, luego de que la Corte de Apelaciones -en una primera instancia- ordenara la suspensión en la arista de Guzmán, lo que en algún minuto supuso la suspensión de todo el período probatorio, actualmente en curso.
Son varias las razones de este desmarque. Por un lado, mientras la entidad bursátil es un organismo regulado por la SVS, Leonidas Vial no lo es. Además, uno de los principales intereses que tiene la corredora es la celeridad del proceso, con tal de terminar lo más pronto posible con una contingencia que, en algún grado, ha sido costosa reputacionalmente, considerando -por ejemplo- la decisión de las AFP por dejar de transar a través de ésta, pese a que se mantiene como la empresa con mayor participación de mercado como operador en acciones.
Lo anterior, en todo caso, no resta al hecho de que en la intermediaria también existen críticas sobre la forma en cómo ha operado la SVS, pues los representantes de LarrainVial -sin acudir a instancias externas- le hicieron ver al regulador su desacuerdo por ser ésta la que deba presentar los puntos de prueba, situación que luego derivó en que la SVS ajuste el número de testigos por cada punto de 6 a 3, sin mayores razones, según explican conocedores de este proceso.
Aún así, la intermediaria ha optado por no enfrentarse con el regulador, menos públicamente, umbral que rompió Leonidas Vial cuando luego de conocerse la formulación de cargos de la SVS -en febrero pasado- éste manifestó públicamente lo siguiente: “Entiendo como nadie y siempre he apoyado el necesario rol fiscalizador de la Superintendencia; pero en este caso la investigación no ha garantizado mis derechos ciudadanos y el debido proceso”.
Ola de recursos.
Los cuestionamientos que se han hecho al proceso de la SVS tienen al Consejo de Defensa del Estado concentrado en su defensa.
La entidad ha salido al paso de las presentaciones que han hecho Guzmán y Motta ante la Corte de Apelaciones. Y ahora lo hará ante el Tribunal Constitucional, entidad que ayer acogió la reclamación de Motta para analizar su admisibilidad, rechazando, al mismo tiempo, la solicitud por que la SVS suspenda esta etapa administrativa del Caso Cascada.
El turno de Cañas.
En el contexto de esta etapa probatoria, Fernando Cañas, presidente de la Bolsa Electrónica y director de varias sociedades anónimas, irá a las 15 horas a la SVS a prestar declaraciones tras haberlo requerido Leonidas Vial.
También lo harán el ex titular de la SVS, Alejandro Ferreiro, y Juan Carlos Spencer, gerente general de la Bolsa Electrónica, quien ya ha acudido al regulador.