(La Tercera) Luego de que la Superintendencia de Pensiones (SP) oficiara a sus regulados para que entregaran información respecto de las decisiones que tomarán tras la sanción de la SVS en el caso cascadas, AFP Provida se transformó en la primera administradora que anunció “acciones legales” contra los nueve sancionados (ocho ejecutivos y la corredora LarrainVial) de dicho proceso.
La acción consiste en una demanda civil, aunque la AFP no quiso confirmar cuándo la entablará ni qué monto pedirá como indemnización. Lo anterior está directamente relacionado con el impacto del caso en los fondos de pensiones, medida que la SP también pidió cuantificar a cada administradora.
Lo que sí precisó la compañía es que esta decisión no excluye nuevas acciones legales, que pudieran interponerse en el futuro, en contra de terceros que pudieran estar involucrados en las operaciones cuestionadas.
El gerente general de Provida, Ricardo Rodríguez, dijo que “el objetivo de estas acciones legales es buscar que se reparen los perjuicios que pudieran haber sufrido los fondos de pensiones”.
En esa línea, agregó que “parte fundamental de nuestra responsabilidad como administradora de fondos de pensiones es proteger los legítimos intereses de nuestros afiliados frente a posibles irregularidades en el mercado que los pudieran perjudicar”.
Asimismo, Rodríguez precisó que “la diligencia y responsabilidad con que las AFP hemos actuado en este caso desde sus orígenes han sido fundamentales para que, luego, la SVS iniciara la investigación que derivó en las sanciones que conocimos la semana pasada”.
Desde la SP, en tanto, señalaron que aún no reciben la respuesta oficial de Provida, o de otra AFP, respecto del oficio que presentó la semana pasada.
Hasta ahora, sólo dos AFP habían iniciado acciones legales en el marco de este caso. La primera fue Habitat, en diciembre de 2013, administradora que presentó una querella criminal por uso de información privilegiada en contra de “quienes resultaran responsables”. En mayo de este año se sumó Capital, con una demanda civil por US$ 7 millones contra Julio Ponce, Aldo Motta, Roberto Guzmán, Leonidas Vial y las sociedades controladas por dichas personas en el caso.
En su resolución, la SVS estimó en US$ 300 millones las pérdidas que las operaciones sancionadas representaron para las sociedades cascada, aunque no precisó sobre el daño en los fondos de pensiones. En su querella, Habitat estimó un impacto negativo en sus fondos de US$ 12 millones.
En la SP, por su parte, evalúan ampliar el plazo de 10 días que les dieron a las AFP para entregar la información, la cual, una vez sea entregada, analizarán reservadamente hasta mediados de octubre.