Volver a la senda de la inversión es un asunto que se ha venido planteando con especial fuerza en el sector minero, y también en las autoridades del país, después de haberse cerrado los capítulos de la discusión constitucional y de la ley de royalty.
En esta línea, el Ejecutivo presentó un conjunto de reformas a la llamada “permisología”, con la meta de agilizar las aprobaciones de las inversiones, y así, empujar a la concreción de los proyectos. Esta propuesta está dividida en lo que concierne al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA), permisos sectoriales, concesiones marítimas y el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN).
Sobre este último organismo, existen preocupaciones que se han manifestado con anterioridad y en reiteradas ocasiones con respecto a su funcionamiento a la hora de aprobar proyectos, en particular un informe de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP, 2023).
Carlos Barrera, quien se desempeña como gerente general de la consultora minera especializada en temas ambientales, MYMA, conversa con MINERÍA CHILENA para analizar la situación actual del organismo a cargo de la compatibilidad protección y tuición del patrimonio cultural y natural de Chile.
El especialista advierte que existen colapsos en los sistemas para recibir material rescatado de los proyectos, que requieren de “una decisión de política pública que debería ser observada con atención”.
“A mi juicio, además existe un déficit importante de dotación de profesionales y con una demanda creciente”, enfatizó.
Adicionalmente, apunta al sistema de quorum de calificación que rige en el CNM como un asunto a resolver.
Mejoras al sistema
¿Por qué existen quejas tan transversales de diferentes sectores respecto al funcionamiento del Consejo de Monumentos Nacionales para la aprobación de proyectos de inversión?
Porque el CMN tiene a cargo, entre otras labores, cuatro tipos de autorizaciones, las cuales son requisitos de acceso al territorio para iniciar la fase de construcción. Por lo tanto, se trata de permisos que regularmente son parte de la ruta crítica de la planificación de un proyecto de inversión.
Precisamente la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad catastró poco más de 60 permisos clasificados como prioritarios, entre ellos están los del CMN, en donde se han detectados oportunidades de mejora relevantes para agilizar la inversión en Chile.
¿De qué forma se ha visto afectado el sector minero por estas falencias en este organismo?
El efecto más evidente tiene relación con los plazos para la obtención de los permisos en la etapa sectorial para el rescate del material patrimonial identificado, lo cual se realiza regularmente post Calificación Ambiental.
Un efecto derivado de las exigencias en materia patrimonio tiene relación con las acciones de puesta en valor del material rescatado, que está generando un gran volumen para ser sometido a conservación, lo que está dificultando su recepción en museos que ya se encuentran colapsados. Al respecto, hay una decisión de política pública que debería ser observada con atención.
Un nuevo diseño para el CMN
¿Qué explica, a su juicio, los problemas que presenta el CMN a la hora de evaluar el impacto en el patrimonio arqueológico presente en el área de proyectos de inversión? ¿Por qué?
El diseño de la orgánica del CMN ha sido identificado por el CNEP como uno de los principales causantes del problema. A mi juicio, además existe un déficit importante de dotación de profesionales y con una demanda creciente.
Algo que se escucha habitualmente en el mundo de la ejecución de los proyectos de inversión es que los hallazgos arqueológicos previamente identificados se concentran en sitios muy específicos. Sin embargo, el CMN solicita la liberación de la totalidad de los sitios del proyecto, antes de dar su conformidad, lo cual genera retrasos adicionales en los planes de ejecución.
¿Qué podría permitir una agilización en el funcionamiento del Consejo de Monumentos Nacionales? ¿Existe alguna propuesta concreta y factible de incorporar?
Tenemos que recordar que el CMN, fue creado hace más de medio siglo, y corresponde a una entidad colegiada que está integrada por 22 consejeros de diversas instituciones que sesionan en el mejor de los casos cada quince días y además requiere de quórum mínimo para sesionar, lo que genera una congestión importante para la agilidad de los permisos.
Lo que permitiría agilizar el funcionamiento es modernizar al CMN a los desafíos que tiene actualmente nuestro país.
Entiendo que existen medidas concretas de gestión institucional que el gobierno está propiciando para áreas críticas de evaluación sectorial y ambiental en el CMN.
En enero de este año el gobierno presentó un proyecto de ley que establece una ley marco de autorizaciones sectoriales, que entre otras, involucra al Ministerio de las Culturas y las Artes y el Patrimonio, que se relaciona el CMN, promoviendo el desarrollo de reglamentos que permitirá la aplicación de técnicas habilitantes como alternativa a las autorizaciones de su competencia u órganos sectoriales dependientes o relacionadas, y posibilidad de la participación de profesionales o entidades técnicas para informar o certificar el cumplimiento de requisitos técnicos exigidos para el otorgamiento de autorizaciones.
Además, tengo entendido que el Gobierno está trabajando en un proyecto de ley que moderniza el CMN. Igualmente, existen varias mociones parlamentarias en esta misma línea.
En este mismo sentido, en abril el Congreso despachó a Ley el proyecto que establece la obligación de que las sesiones que realice el CMN puedan ser transmitidas públicamente y que las actas de acuerdo estén disponibles en plataforma web de CMN.
¿Qué experiencia internacional podríamos tener en el horizonte para esta etapa en que el Gobierno y los legisladores discuten la aprobación de proyectos que destraben la permisología?
Creo que el gobierno está avanzando en la dirección correcta con respecto al proyecto de ley de los permisos sectoriales, se advierte un genuino interés por agilizar la inversión. Pensaría que la experiencia internacional nos muestra que la revisión periódica de la calidad regulatoria es clave para propiciar el mejoramiento continuo y mantener estándares ad-hoc a las cambiantes condiciones del país y su entorno.