(Diario Financiero) El vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitran, se refirió ayer a los dichos del vicepresidente de Desarrollo y Planificación de SQM, Pablo Altimiras, quien manifestó la disposición de la firma controlada por Julio Ponce de avanzar en una negociación que replique el acuerdo para aumentar la producción de litio que la agencia estatal alcanzó con Rockwood, el que aún está pendiente de aprobación por parte del Consejo Directivo de la corporación.
“No estamos en ningún ánimo de innovar nada, estamos siguiendo nuestro proceso, que se inició con la solicitud de término anticipado del contrato de arriendo, y después con lo que estamos iniciando para poner término al contrato de proyecto, con un segundo arbitraje”, dijo ayer Bitran, tras comparecer ante la comisión que investiga la participación de organismos públicos en la explotación de litio y el contrato entre Corfo y SQM.
El titular de la entidad pública comentó que mantienen la convicción de que el acuerdo que alcanzaron con la firma controlada por Albemarle es muy bueno y que les asegura ingresos superiores a los de todos los países que tienen este tipo de convenios y “nos parece muy bien que otras compañías lo consideren un buen acuerdo”, aseguró.
Aclaró que no obstante las dificultades que tienen con SQM por el contrato de arriendo del salar de Atacama, en virtud del cual tienen diferencias respecto de las regalías pagadas a Corfo, existe otro ámbito que es incluso más grave y que está asociado al contrato de proyecto para la explotación de esa zona, que fue suscrito con SQM Salar en 1986 y modificado en 1995, mediante el cual ambas se convirtieron en socias y donde la minera “no ha mantenido la responsabilidad de cuidado que fue fijada taxativamente y que ha sido violada, ha habido faltas graves, por lo tanto estamos hablando de un tema que va más allá de los ingresos que pueda haber percibido Corfo, estamos hablando de la responsabilidad de este socio de cuidar la pertenencia. El tema no se agota con el contrato de arriendo”.
Reforzó Bitran que el gobierno corporativo de SQM durante todos estos años “ha tenido un accionar que ha puesto en riesgo nuestras pertenencias y eso es un problema. Por lo tanto, el tema no es solo de lucas”.
Incumplimientos
En su presentación ante la instancia parlamentaria, Bitran comentó que SQM ha cometido una serie de incumplimientos que calificó como reiterados y graves y aunque no entró en detalles, pues se trata de materias que serán parte del segundo proceso arbitral que iniciarán contra SQM, donde Bitran estima que la figura que corresponde es la de un joint venture, donde el operador, en este caso la minera, ha roto la confianza que requiere ese tipo de relación.
Añadió que más allá de las ventas a empresas relacionadas o socios minoritarios de la minera no metálica, hay materias como la disponibilidad de recursos hídricos e incluso la efectividad de los sistemas de reinyección de las salmueras con alto contenido de litio, que la empresa no extrae porque prioriza el potasio, para lo cual incluso pidió la aprobación de recursos adicionales para realizar estudios en este sentido.
FIRMA SUMA A RAPHAEL BERGOEING COMO PERITO
El fiscal de Corfo, Pablo Lagos, comentó que justo ayer los tres peritos que forman parte del arbitraje visitaron el salar de Atacama y las instalaciones de la minera no metálica, para llevar adelante el denominado «peritaje económico» para determinar la existencia de diferencias monetarias en los distintos ítemes que forman parte del diferendo por el contrato de arriendo, entre ellos la asignación de costos y gastos declarados por la empresa en la producción, traslado y exportación del litio, respecto de los precios de referencia del metal.
Esta diligencia, que sería una de las últimas previo al cierre del expediente, lo que sucedería dentro de unos 40 días, fue realizada por Andrea Butelman, perita designada por el árbitro Héctor Humeres, y los especialistas nombrados por las partes: Eduardo Saavedra, por Corfo, y Raphael Bergoeing (en la foto), por SQM Salar.
Respecto de la segunda demanda arbitral, que busca anular el contrato de proyecto entre la estatal y la minera, que Corfo califica como un joint venture, Lagos precisó que agotado el periodo para alcanzar un acuerdo, hacia el 11 de junio la estatal podría pedir la designación de un árbitro, lo que marca el inicio formal del juicio, con lo cual la demanda podría ser ingresada en los primeros días de agosto.
Se comenta que Corfo pedirá que sea el mismo Humeres el que tome la causa, lo que obligaría a acumularla con el juicio actual, el que automáticamente quedaría suspendido a la espera que la segunda acción llegue a la misma etapa de la primera.
En paralelo, en la arista penal, el fiscal de Corfo comentó que por estos días Corfo y una serie de organismos vinculados en la cadena de valor del litio, como CChEN y Aduanas, se reunirán con el fiscal Jaime Retamal para analizar junto al CDE el avance de la investigación con miras a definir si la entidad presentará una querella.