(El Mercurio) Los detalles de la investigación que realizó la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) en el marco de la denuncia de Norte Grande contra Moneda Asset Management, además de las razones de por qué no existe una carpeta investigativa al respecto, concentraron gran parte de las declaraciones que realizaron el intendente de Valores, Hernán López, y el jefe del área de Cumplimiento de Mercado de la SVS, Hugo Caneo, ante el fiscal jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad, José Morales, a inicios del mes de febrero pasado.
Esto, en el marco de la querella que presentó Julio Ponce en contra de ellos y del superintendente Fernando Coloma, por los delitos de prevaricación judicial y administrativa y de abusos contra particulares.
Según consta en su declaración, Caneo explicó que la Superintendencia de Valores y Seguros revisó los antecedentes de la denuncia contra Moneda por transacciones sobre acciones de las sociedades cascada con las que Ponce controla SQM. Para ello, dijo, la autoridad solicitó información adicional a los corredores de bolsa, revisó las Fecus -estados financieros- de los fondos administrados por Moneda S.A. y verificó la veracidad de una carta reservada, enviada por dicha firma de asesoría de inversión a la SVS, en la que indicó que las transacciones que se le imputaban, como compras, correspondían a devoluciones de acciones en garantía.
Respecto del mismo tema, López comentó ante el fiscal Morales que «se concluyó que las aparentes operaciones denunciadas no correspondían propiamente a compras de Moneda y sus fondos administrados, sino a recuperación de valores entregados en garantía por operaciones de venta corta sobre otros títulos, por lo que no resultaba sostenible la respectiva denuncia».
«Trato desigual»
En tanto, en relación con el «trato desigual» que según Ponce realizó la SVS -la que de acuerdo con la querella, «jamás se pronunció respecto de muchas de las diligencias solicitadas»- Caneo explicó que, al no ser posible estimar la existencia de las infracciones denunciadas contra Moneda, algunas de las diligencias solicitadas resultaron innecesarias.
Acerca de la inexistencia de una carpeta investigativa de la SVS por este caso, criticada por Ponce, tanto López como Caneo explicaron al fiscal que cuando la autoridad del mercado de valores inicia un proceso de análisis, la recopilación de antecedentes pasa a formar parte de una carpeta investigativa solo una vez que se formulan cargos, lo que no ocurrió en este caso.
López se refirió también a la resolución que firmó, en que la SVS rechazó la solicitud de Ponce para que Coloma se inhabilitara de resolver el caso Cascadas, por el supuesto interés que tendría en este el Presidente Sebastián Piñera.
«Si se entendiera que el supuesto interés del Presidente implicara un conflicto para cada jefe de Servicio por él designado, implicaría que no solo el superintendente debiera inhabilitarse, sino también el suscrito y los demás que pueden subrogarlo en el cargo, puesto que todos somos personas de su exclusiva confianza. Así, la aplicación del criterio sostenido por el solicitante llevaría claramente a la paralización de procedimientos como los aquí tratados», señaló.
Y agregó: «En cuanto a las solicitudes de indagación requeridas en la misma presentación, sobre operaciones y propiedad de valores del Presidente, ellas fueron desestimadas puesto que, de los antecedentes aportados o en conocimiento de la superintendencia, estos no guardaban relación con la investigación en cuestión».