(El Mercurio) El 1 de octubre comenzó a implementarse uno de los principales cambios normativos que ha enfrentado el país en los últimos años: la reforma tributaria.
Los primeros afectados con incrementos impositivos fueron vinos, cervezas, destilados, bebidas azucaradas, cigarrillos y empresas. Con una baja sólo se vieron beneficiadas las bebidas no azucaradas.
En 2015 y 2016 se sumarán una serie de medidas, pero finalmente será 2017 cuando el nuevo sistema tributario enfrentará su principal prueba de fuego: las empresas comenzarán a tributar bajo alguno de los nuevos esquemas su impuesto de Primera Categoría: renta atribuida, con una tasa de 25%, o el sistema parcialmente integrado, con una tasa de 27%. La decisión deberán tomarla en 2016 e informarla al Servicio de Impuestos Internos (SII) en el segundo semestre de ese año.
Si bien aún restan dos años para eso, las empresas ya han comenzado a realizar un profundo análisis sobre los defectos y las virtudes de los dos esquemas. Un tema que tradicionalmente era resorte de los gerentes del área tributaria ha permeado a los directorios, pues quienes integran dichas instancias han debido incluir en sus análisis desde el impacto de un sistema u otro en su pago final de impuestos, a través del Global Complementario o el Adicional (para extranjeros), hasta la conveniencia de seguir con la estructura societaria vigente de su compañía, o bien modificarla.
Si una empresa elige el sistema de renta atribuida (tasa de 25%), sus dueños o accionistas deberán pagar su impuesto Global Complementario o Adicional, aunque no hayan retirado utilidades.
Por el contrario, si una sociedad está en un plan de inversión, lo más probable es que se incline por el esquema parcialmente integrado (tasa de 27%), pero los accionistas o socios serán sujetos de impuesto Adicional o Global Complementario solo en la medida en que haya una distribución de utilidades.
Simular los efectos de cada sistema: el «producto estrella»
Simular qué habría pasado en 2013 si la empresa hubiese tenido un sistema de renta atribuida o bien uno parcialmente integrado es el «producto estrella» que están pidiendo las empresas a sus asesores tributarios externos.
Pablo Greiber, socio líder de Consultoría Tributaria de EY (ex Ernst & Young), explica que el objetivo de este ejercicio es ver el impacto práctico y concreto en los resultados de un esquema tributario u otro.
Con estimaciones en mano, este tema se está conversando directamente al interior de los directorios de las empresas, para quienes las auditoras han debido preparar charlas mucho más detalladas que las presentaciones estándar que antes eran solicitadas.
Los expertos consultados ven mucha desorientación y temor sobre el riesgo de tomar una mala decisión. El nuevo sistema tributario permitirá mutar de un esquema a otro luego de una permanencia de cinco años en el sistema escogido. Pero el cambio tiene un costo.
«Si una empresa está en el sistema parcialmente integrado y luego pasa a la renta atribuida, tendrá que pagar un diferencial de impuestos por los cinco años que estuvo en el parcialmente integrado. Entonces, en el fondo, la decisión que se tome no es por cinco años, sino que para toda la vida», interpreta Pedro Troncoso, abogado de Brent.
En relación con el impacto de un esquema u otro en el pago final de los impuestos de los dueños o accionistas, el tema relevante es cómo conciliar los distintos intereses.
Podrían darse casos donde el controlador prefiera un sistema parcialmente integrado, pues su principal interés es capitalizar la empresa, pero que un accionista minoritario se incline por la renta atribuida, ya que así podrían recibir devoluciones de impuestos.
Otro punto complejo que se está hoy analizando guarda relación con los sistemas que opten las empresas de un mismo holding. Si bien la reforma permite que una firma tenga renta atribuida y otra el parcialmente integrado, la recomendación es que exista un mismo esquema por un tema de simpleza y para evitar eventuales errores en la información que se entregue al SII.
Todos estos temas son los que se están estudiando ahora en los directorios, ya que tienen un impacto en los presupuestos futuros de cada compañía, y se prevé que sean un punto central en las juntas de accionistas de abril de 2015.
A «inversiones abusivas» se les aplicará tasa del 40%
Marcelo Laport, socio de Grasty Quintana Majlis & Cía., señala que otra materia que los directorios están evaluando es si vale la pena o no tener una sociedad de inversiones que perciba los dividendos de sociedades operativas. Esto, porque el SII podría considerar que la inversión en activos financieros -como por ejemplo bonos, depósitos a plazo, fondos mutuos y ganancias de capital- es abusiva. Y en ese caso tener una sociedad de inversión significará tener una tributación más onerosa: 40%.
Se considerarán inversiones abusivas aquellas que se hacen solo para diferir o disminuir la base de los impuestos finales. El problema, advierte Laport, es que la ley aprobada no permite determinar claramente cuáles situaciones entrarán en esta calificación.
Otro análisis que están realizando las empresas, agrega este experto, es si se acogerán a la ventana que existirá en 2015 para repatriar capitales. La reforma fijó para este proceso una tasa de 8%, nivel que a juicio de los abogados es atractivo. Pero advierten que el mecanismo es engorroso. Los contribuyentes que quieran repatriar deberán justificar sus inversiones en el exterior y presentar documentos legalizados y traducidos, a diferencia de países como España, donde se creó un proceso mucho más simple, señala Laport.
Reparos a la velocidad con que el SII está aclarando las normas
Los abogados consultados coinciden en que un tema que ha afectado el aterrizaje práctico de la reforma tributaria en las empresas es la velocidad con que el SII ha publicado las circulares y resoluciones que aclaran la interpretación del organismo fiscalizador respecto de la implementación del nuevo sistema impositivo.
En el mercado prevén que en total el Servicio tendrá que emitir más de 40 normativas, pero a la fecha solo ha publicado cuatro circulares: la N°50 relacionada con el impuesto al tabaco, la N°51 sobre modificaciones al IVA y al impuesto a los alcoholes y bebidas azucaradas, la N°52 sobre los pagos provisionales mensuales, PPM, y la N°55 respecto de la distintas vigencias.
Esto ha generado que los asesores tributarios realicen sus propias interpretaciones de la ley. Sin embargo, no existe seguridad que dichos análisis estén finalmente alineados con los criterios que posteriormente dará a conocer el SII.
Los expertos consultados coinciden en que una buena forma de ayudar a dar certezas a las empresas en sus definiciones es que el SII acelere su proceso de publicación de circulares y resoluciones para que antes que finalice este año todas las normativas ya estén disponibles.
El análisis de algunos abogados es que el SII ha cumplido un rol «poco pedagógico» en la implementación de la reforma tributaria. Advierten que los textos comparados elaborados por el organismo fueron demasiado extensos y complejos -son más de 700 páginas-, por lo que cada auditora o estudio jurídico ha tenido que armar sus propios resúmenes sobre las diferencias entre la ley que rigió hasta el 30 de septiembre de este año y la reforma vigente, de modo que los contribuyentes puedan entender los cambios.
Desde el SII afirman que están trabajando a toda marcha en la implementación del nuevo esquema impositivo y que definieron 40 equipos de trabajo con una programación definida para hacerse cargo de la puesta en marcha del nuevo sistema impositivo, con reuniones semanales y reportes quincenales.
Además, indican, la nueva Subdirección de Asistencia al Contribuyente está operativa desde el 21 de octubre y tiene presencia en cada región del país.
Esta nueva área -conformada por el Departamento de Atención y Asistencia de Contribuyentes y la Oficina de Contacto con el Contribuyente- estará encabezada por Iván del Río, quien está trabajando en la implementación de la nueva subdirección.
Por ahora, las consultas que se planteen producto de la reforma tributaria deben ser presentadas en la Dirección Regional correspondiente al domicilio del contribuyente, y se canalizarán al director nacional, dado que se trata una materia nueva en la que no existe un pronunciamiento previo.
Otro cuestionamiento que ha surgido en las últimas semanas entre varios expertos es al rol de la SVS, entidad que recientemente hizo una excepción accediendo a que las empresas reconozcan el impacto del alza de los impuestos corporativos producto de la reforma tributaria contra su patrimonio, en lugar de sus resultados.
El presidente del Colegio de Contadores, Raúl Muñoz, sostiene que el gremio no fue consultado por este tema y advierte que con el cambio se contravienen los estándares internacionales en materia de información financiera, uno de los requisitos para el ingreso de Chile a la OCDE.