(La Nación) Argentina tiene exportaciones mineras que representan 5% de las que exhibe Chile y 50% de las que posee Perú. No se trata solo de cuestiones geográficas, puesto que el país, perteneciente a la misma región que los otros dos, ha sido dotado con una gran riqueza en minerales. Se debe en parte a una legislación que prohíbe la práctica de esta actividad en algunas provincias, a la suba de costos internos, al dólar depreciado y a una presión tributaria alta, que grava la facturación total en lugar de tomar como base imponible solo las utilidades. El sector minero hoy está paralizado en el país, con mínimos márgenes, inversiones paradas, detención de proyectos y despidos.
Eso no es lo peor para un sector que ocupa a 77.000 personas, entre trabajadores directos e indirectos. Lo peor es el potencial que esconde bajo la superficie, que la podría llevar, según cálculos del economista Daniel Montamat, a exportar 14.000 millones dentro de una década. Lo peor son las exploraciones que se dejan de hacer por falta de inversiones, que, según voces del propio sector, esquivan un país en el que las reglas de juego no son previsibles ni estables, como sí lo son en otros países mineros como Chile, Perú, Australia y Canadá, por citar algunos.
Todo ese potencial depende de políticas de largo plazo y de previsibilidad en el sector, según opina Montamat, ex secretario de Energía, autor del libro Minería y desarrollo. «Esto debe contar con dos cosas. La licencia ambiental, con buenas prácticas, y la licencia social , que implica que la región donde opera la minería advierta que está en una actividad que genera trabajo y desarrollo económico y social. Otra medida crucial sería cambiar cómo se reparte la renta minera, porque la gente ve que la minería no le deja mucho, ya que la mayoría se lo llevan las provincias», señala.
Un empresario del sector, gerente de una importante empresa multinacional, afirma que, con los actuales precios internacionales de los minerales, el negocio arroja una rentabilidad casi nula. Según un análisis de abeceb.com, la onza de oro costaba US$ 1670 en 2012, mientras que hoy está en US$ 1200 (una caída de 27%). La onza de plata, en tanto, pasó en el mismo período de 31,14 a 15 dólares (una baja de 48%). El cobre, por su parte, tuvo un derrumbe de 27%, al pasar el precio de la tonelada de 7962 a 6042 dólares.
El pedido de anonimato del empresario de la prestigiosa multinacional no es una excepción. Otro colega suyo hace el mismo pedido, mientras se queja por lo bajo. Y agrega: «La foto hoy muestra que la minería está paralizada. Hay siete provincias que tienen prohibidas la minería a cielo abierto».
El economista Mariano Lamothe, de abeceb.com, comenta que el sector está en una situación complicada porque con estos niveles bajos de rentabilidad, la coyuntura no ayuda. «Algunos proyectos que están en las partes más maduras y que, por lo tanto, tienen minerales de menos ley, soportan mayores costos por unidad por lo cual están más complicados», explica el especialista en esta actividad.
Los costos en dólares crecen mucho, los precios internacionales se mantienen estancos y la estructura impositiva está bastante complicada, porque grava el valor final y no las utilidades. Este cóctel complica mucho a algunos sectores. «De cara al futuro, ante este escenario es muy difícil que se hagan las inversiones necesarias para desarrollar el potencial que hay en la Argentina», estima Lamothe, cuya voz es casi un eco de lo que opinan sotto vocce los hombres fuertes del sector.
En este contexto, el país pasó de exportar US$ 5386 millones en 2012 a US$ US$ 3905 millones en 2014. En el primer trimestre de 2015 vendió al exterior un 1,4% menos que en igual período de 2014, al pasar de 1029 a 1014 dólares, según abeceb.com. Martín Dedeu, presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, estima que, si se corrigen algunas condiciones macroeconómicas, el país estaría en condiciones de exportar en 2025 por un valor de US$ 30.000 millones. «El potencial está», dice el directivo.
Mientras tanto, a los 6000 despidos que implicó en su momento (abril de 2013) el cierre del proyecto Potasio Río Colorado que tenía la minera Vale en Mendoza, se suman algunos nuevos que ya se producen en ciertos yacimientos del sur que se han visto obligados a ralentizar sus opoeraciones. El sector había pasado de tener 52.626 trabajadores (entre directos e indirectos) en 2006 a contar con 77.655 en 2014. Pero el proceso que tuvo sus cimientos en la década del 90, cuando se sancionó la ley de estabilidad fiscal 24.196, empieza a retroceder.
Es muy difícil lograr que alguno de los protagonistas de los grandes proyectos que hay en el país expresen en voz alta, con nombre y apellido, las razones ya expuestas por las que la minería está en punto muerto. ¿Cuál es el temor? Bueno, por ejemplo, el Gobierno puede dejar de hacerles la devolución del IVA, lo que, según dicen, puede representar un millón de pesos. También se les pueden trabar permisos para importar insumos básicos, aunque tienen la balanza comercial muy superavitaria. Raro, para un gobierno que es tildado como prominero por los grupos que se oponen a la minería.
La presión tributaria es un tema aparte. Cuando Ollanta Humala llegó a la presidencia de Perú, los mineros temblaron al pensar que se los asfixiaría con impuestos. Sin embargo, este exponente de la izquierda peruana hizo al respecto algo parecido a lo que hace Chile: grava las utilidades y no el total de las exportaciones mineras. Solo con eso, fomentó la actividad en su país.
De acuerdo con estimaciones preliminares , el aporte al sector público consolidado habría alcanzado los $ 9200 millones en 2014. Del total, unos $ 1250 millones habría ido a las provincias y $ 7950 millones a la administración nacional. Ante una disminución de la renta minera, aumenta la presión fiscal en la Argentina, mientras que se reduce en Chile y Perú. Esto es consecuencia de que los principales impuestos que gravan la minería en la Argentina, se hacen, como se dijo, sobre los ingresos brutos (derechos de exportación, regalías) a diferencia de Chile y Perú que gravan las utilidades.
En efecto, mientras que en 2011 la Argentina tenía una presión tributaria sobre la minería de 33%, Chile de 29%, y Perú, de 21,4%; en 2013 (año en que el precio de los minerales comienza a decaer), los grados de presión impositiva fueron de 38%, 20,4% y 12%, respectivamente. No solo eso, en la mayoría de las provincias donde está permitida la minería, los gobernadores, necesitados de fondos, han asociado al estado provincial a los principales proyectos, como sucedió, por ejemplo en Jujuy y Santa Cruz. Se apropian así, por otra vía, de otra parte de la renta minera.
Pese a este panorama y a que no se espera una recuperación de los precios internacionales, las exportaciones mineras presentarían un incremento de alrededor de 12,8% este año. «Esto se debe principalmente a las mayores cantidades exportadas de oro y plata, tras el ingreso de Cerro Negro. También se espera un fuerte incremento en las exportaciones de litio y potasio tras el comienzo de la producción en Salar de Olaroz y Caucharí-Olaroz», destacó Damián Altgelt, gerente general de la Cámara Minera.
Así, se espera que la actividad, que representó en 2014 un 0,6% del PBI, tenga exportaciones por un valor de US$ 4406 millones en 2015, unos US$ 501 millones más que el año pasado. Pero lejos aún de los 60.000 millones de Chile y de los casi 9000 millones de Perú. Mientras estas cifras sigan así, la Argentina será «un país con minería», pero no «un país minero».
La esperanza está ahora puesta en las próximas elecciones. Desde una importante minera con años de presencia en el país destacaron que les parece auspicioso que frente a las elecciones presidenciales de octubre los principales candidatos se hayan mostrado receptivos a las necesidades que tiene el sector. «La minería argentina mantiene un gran potencial geológico y recursos humanos calificados que podrían crear empleo y desarrollo de oportunidades en provincias con recursos económicos subexplotados», indicaron desde la multinacional.
Para eso es importante, opinan, crear las condiciones macroeconómicas que atraigan nuevas inversiones, tener un marco regulatorio competitivo que otorgue previsibilidad y disminuir la carga tributaria, que hoy es muy superior a la de países vecinos como Chile y Perú, que compiten por la inversión minera con la Argentina. Igual, aunque se hagan todas las cosas bien, el sector estima que los desembolsos tardarían unos tres años en llegar.